Intersección de competencias
Los gobiernos del PP prestaron muy poca atención a las empresas industriales que, por tamaño o mercado, aportaban escaso poder económico o poco brillo político. La preocupación preferente se dirigió hacia las actividades financieras y la construcción. En 1996, la industria española inició una travesía del desierto de ocho años durante la cual desaparecieron sectores enteros de manufacturas -el textil, por ejemplo- y se marginaron todos los problemas reales de las empresas, como los de productividad, costes laborales y rentabilidad de inversión. El PP aplicó esa técnica, perfeccionada hasta la maestría durante dos legislaturas, que consiste en silenciar todo lo que puede convertirse en un problema. De ahí que se cegaran muchas fuentes de información económica que procedían de la Administración (el conocido apagón estadístico), y de ahí que se eliminara el Ministerio de Industria. Si no hay ventanilla de reclamaciones -así llamaban al ministerio los modernos políticos populares-, no habrá reclamaciones.
¿Sería sensato entregar la capacidad de decidir sobre tarifas a una institución tan descapitalizada como la CNE?
Pero la recuperación política del Ministerio de Industria no discurre hasta ahora por la senda de la concordia y la eficacia. Para empezar, porque existe un acusado problema de diseño político. Cuando se formó el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, nadie pareció caer en la cuenta -y eso que se cuenta con dos vicepresidentes- de que estaban muy mal resueltos los cruces de competencias entre Industria, Educación y Economía. Los poderes para desarrollar la política industrial quedaban sorprendentemente en manos de Educación. De sus funcionarios dependían por ejemplo los créditos reembolsables a los programas de política industrial o las ayudas a las zonas industriales en declive. Casi todas las facultades de política tecnológica, desgajadas del Ministerio de Ciencia y Tecnología popular -que fracasó por tres veces en articular el desarrollo de la sociedad de la información en España-, se quedaron también en Educación.
Como, por añadidura, el Ministerio de Solbes retenía el poder de decisión sobre las tarifas eléctricas, el ministerio de Montilla quedaba reducido prácticamente a un gabinete de estudios. La escasa densidad política del departamento llegó a ser evidente semanas después y obligó a desarrollar acuerdos políticos para corregir los déficit del departamento. Tales pactos incluyen por ejemplo el compromiso de que aquellas decisiones de política tecnológica que atañen a la política industrial sean gestionadas por Industria. Industria recibirá todas las competencias debidas para gestionar la calidad y seguridad industrial y las primas al sector naval, con las subdirecciones correspondientes.
Queda por definir quién tendrá la llave de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Quizá se recurra a una presidencia rotatoria (Economía, Industria y Educación), pero hay quien apuesta realmente por que el ministerio de Solbes se alzará con el poder de decisión de forma permanente.
Ahora bien, los encajes anteriores palidecen ante el bordado de alta escuela que se necesita para ordenar la política de tarifas de los servicios (eléctricas, sobre todo, pero también peajes u otras tasas). Dice la doctrina del programa electoral socialista que la facultad para aprobar tarifas debe recalar en los organismos reguladores. Sabia determinación, que coincide además con las recomendaciones de los organismos internacionales. Pero ahora es el Ministerio de Economía el que decide sobre tarifas eléctricas. Y, por otra parte, ¿sería sensato entregar la capacidad de decidir sobre tarifas a una institución tan devaluada como la Comisión Nacional de la Energía?
Durante los últimos años, la CNE se ha descapitalizado política y técnicamente. No es extraño, puesto que fue diseñada por el PP como una institución títere que legitimara las decisiones políticas del Gobierno con el sello de una independencia que nunca existió. Así que, antes de depositar en la Comisión la responsabilidad de gestionar las tarifas eléctricas, debería procederse a una renovación intensiva de su estructura interna. No es sólo cuestión de precisar sus funciones y competencias; también sería necesario elegir a sus consejeros y presidente de acuerdo con criterios de estricta profesionalidad. Es decir, recurrir a "personas de especial prestigio profesional" para cubrir su consejo.
