La falta de gas enfrenta a Chile y Argentina

La buena sintonía que presidía la relación entre los presidentes de Argentina y Chile vive sus horas más bajas. El invierno austral está a la vuelta de la esquina (empieza el 21 de junio) y los dos países afrontan serios problemas de abastecimiento de gas. El presidente chileno, Ricardo Lagos, reprocha falta de claridad en el manejo de la crisis energética por parte de Argentina, que ha trasladado un problema doméstico a su vecino al recortar las exportaciones de gas en un 25% de los 20 millones de metros cúbicos diarios que importa. El 35% de la producción eléctrica de Chile depende del gas argentino. El presidente Néstor Kirchner replica en Buenos Aires que su Gobierno no ha incumplido ningún acuerdo gasífero: "No somos nosotros los que vendemos gas a la República hermana de Chile; son las empresas petroleras". Su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ha ido más lejos al declarar que "vender gas a Chile es sacarle gas a los argentinos en un momento de escasez".

Ocurre, sin embargo, que un protocolo de integración gasífera entre los dos países fue firmado en 1995 por los presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei. Según Chile, este acuerdo ha sido violado con la restricción unilateral de la venta de gas, mientras que para Argentina es papel mojado, porque no fue ratificado por el Congreso.

Las alarmas se han disparado en ambos países ante los inevitables cortes en el suministro energético, cuyo alcance dependerá de la dureza del invierno. El problema es que la escasez de gas no se ha producido por catástrofes inesperadas, sino por decisiones de índole política, como la congelación de las tarifas desde 2002 con la consiguiente falta de inversión, y problemas estructurales de la industria eléctrica y del gas -el último gasoducto fue construido en 1988-. Un informe de enero pasado de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) ya preveía cortes en el suministro "de tipo eventual en el invierno de 2004, y cortes, con profundidad creciente, a partir de 2005".

A fines de los años noventa, en el último tramo del Gobierno de Carlos Menem, el impulso inversor en el sector energético dio señales de agotamiento en Argentina. La puntilla llegó en 2002 con el fin de la convertibilidad entre el peso y el dólar, y la devaluación de la moneda argentina. Automáticamente, las tarifas de los servicios públicos, como gas y electricidad, fueron congeladas, y así siguen desde hace 28 meses los precios medios de suministro a cliente final.

Como era de esperar, la demanda se ha disparado. Argentina ha pasado a ser en los últimos tres años uno de los líderes mundiales de vehículos convertidos a gas natural comprimido. El consumo residencial e industrial ha aumentado significativamente. Y las empresas productoras han incrementado las exportaciones de gas, que se cobran en dólares. Las ventas a Chile subieron hasta un 60%, y ni el Gobierno de Fernando de la Rúa, ni sus sucesores, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, advirtieron el riesgo que podía llegar a suponer para el mercado interno.

Las consecuencias para las empresas han sido radicalmente distintas, según el tipo de mercado en el que operan. Fue un buen negocio para productoras (el gas en boca de pozo no está regulado) como YPF-Repsol, Total, Pan American Energy, Petrobras o Tecpetrol, que venden gas a precios internacionalizados en dólares y tienen unos costos muy bajos en pesos. Y un mal negocio para las empresas de transporte y distribución con un mercado regulado, como Edesur (Endesa) o Gasban (Gas Natural), y están sin contratos y con las tarifas congeladas desde enero de 2002 en aplicación de la ley de Emergencia Pública, que vence a finales de 2004.

El Gobierno busca desesperadamente incentivos para reducir el consumo de energía y ha anunciado un plan que otorgará bonificaciones a los usuarios que consuman menos, y cargos adicionales a los que gasten más.

Con el alza de la demanda bajaron las reservas de gas -sólo las de YPF-Repsol cayeron el 25% en 2003 en relación a 2001-, al tiempo que las empresas no invirtieron en exploración ni en desarrollo de pozos. Éste es el principal argumento del Gobierno de Kirchner al culpar de la crisis energética a las empresas, que aducen que, con los precios congelados desde hace más de dos años, no pueden invertir.

El Ejecutivo argentino anunciará hoy la puesta en marcha de la empresa estatal de Energía (Enarsa), el plan de inversiones por unos 2.000 millones de dólares en obras de infraestructura para enfrentar la crisis de escasez de gas y de generación de electricidad que padece el país, del que participarán las compañías privadas, y las medidas de emergencia para el "uso racional" de la energía, informa Carlos Ares. El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, se comprometió, además, a finalizar cuanto antes la revisión y renovación de los contratos con las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

Las decisiones del Ejecutivo incluyen aplicar de inmediato los aumentos de tarifas, autorizados por decreto, de entre el 30% y el 45% del gas "en boca de pozo" que reclamaban las petroleras como condición para invertir en exploración y producción. Esa subida supone en consecuencia un aumento promedio del 20% en el coste del gas que utilizan las plantas industriales.

De todos modos, el incremento de las tarifas no impedirá los cortes programados. Argentina importará gas desde Bolivia y gasóleo desde Venezuela para abastecer a las centrales termoeléctricas. El primer embarque de gasóleo venezolano llegó ayer a Buenos Aires.