Un abogado estafa a unos 300 inmigrantes con falsos permisos de trabajo
El letrado pedía hasta 1.200 euros por legalizar su situación
Más de 300 inmigrantes peruanos y chilenos han sido víctimas de un abogado, Eloy Ramírez Gutiérrez, que, supuestamente, les ha estafado al cobrarles hasta 1.200 euros por legalizar su situación. El letrado utilizaba ofertas de trabajo de empresas ficticias o creadas por él a pesar de que no tenían ninguna actividad mercantil. Otras veces, usaba las escrituras o el número de identificación fiscal (NIF) de compañías que habían trabajado con su despacho, según informó la policía.
Las investigaciones comenzaron hace aproximadamente un mes a raíz de la denuncia presentada en la comisaría de Retiro por el dueño de una empresa de aire acondicionado y calefacción radicada en Colmenar Viejo. Acababa de recibir una carta del Ministerio de Trabajo en la que se le denegaba un elevado número de solicitudes de trabajo a favor de inmigrantes, pese a que su compañía no había hecho ninguna petición al respecto.
Los agentes del Grupo IV de la unidad contra las redes de inmigración ilegal y falsificación documental (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación se hicieron cargo de las investigaciones. Comprobaron que todas las solicitudes rechazadas provenían del mismo abogado, Eloy Ramírez Gutiérrez, cuyo despacho se halla en el número 31 de la Gran Vía. En la Inspección de Trabajo, los agentes encontraron más peticiones a nombre de otras empresas que en ningún momento habían solicitado la contratación de esos empleados.
"El problema es que estas empresas solicitaron en su momento los servicios de este abogado y le facilitaron la documentación que posteriormente ha seguido utilizando en otros casos con inmigrantes a los que ha estafado", señalaron fuentes de la investigación.
Rechazadas por sistema
Las solicitudes eran presentadas en el Ministerio de Trabajo y en la Delegación del Gobierno en Madrid. Las víctimas siempre solían pagar en torno a los 1.200 euros. Siempre desconocían que sus solicitudes carecían de los mínimos requisitos para que fueran admitidas por ambos organismos oficiales, por lo que siempre eran rechazadas. "A veces, cuando al inmigrante le notificaban que le habían rechazado la documentación, acudían a ver al detenido. Éste les convencía diciéndoles que podían hacer otra petición con otra empresa", añadieron las citadas fuentes.
Otras veces, el letrado utilizaba empresas existentes de las que poseía datos como escrituras, NIF o copias del documento de identidad del titular, pero que no había solicitado personal y eran ajenas a este entramado, según explicaron fuentes policiales. En otras ocasiones, utilizaba empresas inexistentes que ni siquiera figuraban inscritas en el Registro Mercantil y, por último, empresas sí inscritas por el mismo detenido, en las que figuraba como administrador único, pero que no ejercían actividad alguna.
Una peruana, la captadora
La documentación encontrada en el registro del despacho del abogado Eloy Ramírez Gutiérrez, de 46 años, ha permitido descubrir que el número de inmigrantes estafados por el letrado supera los 300, lo que le ha reportado un beneficio cercano a los 400.000 euros según los cálculos de la Jefatura Superior de Policía. Éste contaba con otros tres cómplices. Entre ellos estaba su hermano Álvaro, de 32 años; su secretaria Rita Carol L. C., también de 32 años, y una inmigrante peruana, Esther G. Y, de unos 40 años.
Precisamente ésta era la encargada de captar a los inmigrantes, que después eran engañados por el despacho. Para ello se mezclaba con sus compatriotas o con chilenos en los ambientes que éstos frecuentaban y les ofrecía los servicios de su compinche. Por esta operación cobraba una cantidad que oscilaba los 100 euros.
Las solicitudes las hacían para familiares que todavía estaban en sus países de origen, por lo que les tenían que mandar la documentación necesaria para empezar el papeleo en España; éste consistía en el pasaporte original o fotocopiado. En el registro del despacho y del domicilio del abogado, este último en la calle de Alcalá, se han hallado un centenar de pasaportes peruanos y chilenos, además de escrituras. "La gente confiaba en que conseguirían regularizar la situación en España porque habían confiado en un abogado. Lo que desconocían es que se trataba de documentación falsificada y que los beneficios para él eran elevadísimos", señalaron fuentes policiales. Como curiosidad, las facturas del teléfono del despacho del abogado estaban a nombre de la secretaria.
