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Los rectores debaten en Alicante las reformas de la LOU que trasladarán al Gobierno socialista

La asamblea Permanente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) inició ayer por la tarde sus reuniones en la sede de la Universidad de Alicante, en Canalejas, con el objetivo de elaborar un documento que recoja los cambios y las necesidades del sistema universitario y una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). El ente integra a 68 universidades aunque a la cumbre de Alicante han confirmado su asistencia 47 máximos responsables de otros tantos campus.

El colectivo de rectores que a partir de hoy se reúne en Alicante debatirá las propuestas que trasladarán al nuevo secretario de Estado de Universidades y Ciencia, el ex rector del campus de Sant Vicent del Raspeig Salvador Ordóñez.

Los rectores fijarán durante estos dos días de trabajo los cambios que deben introducirse en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que aprobó en solitario el PP, en la pasada legislatura, y que provocó un rechazo generalizado por parte de la comunidad universitaria.

Las principales demandas de los rectores en cuanto a la modificación de la LOU son cambiar el modelo de la Agencia Nacional de Evaluación Académica y garantizar que una persona independiente, tanto del Ejecutivo como del estamento universitario, y con prestigio científico sea el responsable de la evaluación de la enseñanza universitaria.

Otra de las iniciativas que con toda probabilidad impulsarán los rectores es que la habilitación del profesorado se base en los méritos académicos y en un examen, como se hacía hasta ahora en cumplimiento de la LOU.

Además de los cambios que se deben introducir en la LOU, los rectores también plantearán otras reivindicaciones relacionadas con la financiación del sistema universitario, la convergencia europea y la gestión de la investigación científica. Algunos rectores pretenden plantear al nuevo Gobierno, que lidera el socialista Rodríguez Zapatero, la necesidad de elaborar, consensuar y aprobar un Pacto de Estado para la Investigación y Desarrollo que debería contemplar un incremento "sustancial" de los presupuestos destinados a la investigación y coordinar las políticas que en esta materia aplican las distintas comunidades autónomas y al gobierno central.

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Por último, los rectores también reivindicarán un sensible aumento de las partidas del ministerio de Educación destinado al apartado de becas a estudiantes e incrementos de las ayudas económicas para los intercambios de alumnos entre los distintos campus, tanto en el ámbito nacional como en el europeo.

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