Condenados a la exclusión social
Un estudio de CC OO de Navarra concluye que el modelo de centros para emplear a discapacitados "ha fracasado"
El modelo de centros de empleo protegido para la inserción de los trabajadores discapacitados ha fracasado y los centros especiales se han convertido en un "arrumbadero" de población discapacitada sin ninguna salida al mercado laboral, según concluye un estudio realizado por el sindicato CCOO de Navarra.
"El trabajo de estas personas supera los más exigentes controles de calidad, pero está sujeto a discriminaciones flagrantes, tienen salarios muy bajos, carecen de vías de promoción y sufren una elevada rotación en sus puestos", señala José Elizalde, portavoz del sindicato y autor del informe, remitido al Servicio Navarro de Empleo el pasado mes de octubre.
El pasado fue el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, colectivo que en Navarra supone el 5% de la población. Sin embargo, ello no ha supuesto cambios significativos en las condiciones de vida de los afectados, condenados a permanecer en el círculo cerrado de la exclusión social.
Ni la Administración ni las empresas tienen voluntad de evitar la discriminación, se queja el sindicato
La comunidad foral cuenta con un total de 13 centros especiales que acogen en régimen de empleo protegido a 1.500 trabajadores. Se dedican a actividades subcontratadas de montaje industrial y al sector servicios (jardinería, limpieza, hostelería). Su funcionamiento quedó regulado en la ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), aprobada en 1982. Creados en la mayoría de los casos por fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, estos centros reciben importantes subvenciones públicas y cumplen una notable labor social, pero el modelo, asegura CCOO, "ha fracasado como medio para la progresiva inserción de los trabajadores en el mercado ordinario".
La reserva para minusválidos del 2% de los puestos de trabajo en empresas ordinarias resultó ser un mecanismo totalmente insuficiente para promover la integración de los discapacitados. En 2000, la ley se cambió y desde ese momento se permitió a las industrias sustituir esa cuota por la subcontratación de tareas con los centros de empleo protegido. "Con el tiempo esa modificación se ha convertido en un mecanismo perverso", dice Elizalde.
El representante sindical explica que los salarios son muy bajos (unos 560 euros brutos mensuales por término medio). A ello se suman una escasa formación y cualificación laboral, pues se trata de empleos de operario en su mayoría, la elevada precariedad vinculada a la naturaleza y duración de las subcontratas, la falta de promoción interna, la continua rotación entre centros y, en definitiva, la imposibilidad de una inserción laboral.
"No existe voluntad de evitar la discriminación, ni por parte de la Administración foral ni por las empresas", afirma el sindicato. Sólo una ley foral específica de empleo protegido permitiría, a juicio de CCOO, vigilar el cumplimiento de las cuotas de reserva y garantizar condiciones dignas de subcontratación. "Se deberían crear oficinas de tutelaje y buscar vías de inserción para los disminuidos con capacidad, reservando los centros protegidos para el acogimiento laboral de los grandes inválidos", precisa Elizalde.
El actual sistema permite, en la práctica, que muchas empresas de automoción, electrodomésticos o electricidad obtengan un producto sometido a los máximos parámetros de calidad (ISO 9000) con un coste hasta un 60% más bajo, según cálculos sindicales.
"No derivan las contratas a precios, horarios y tasas de sus correspondientes sectores, según convenios, sino que bajan mucho los precios y los centros de empleo, donde las jornadas son de ocho horas diarias, lo aceptan casi todo con tal de trabajar", explica Comisiones Obreras.
Pese a todo, los centros resultan deficitarios en su mayoría. Sus pérdidas oscilan entre los 48.000 y los 240.000 euros. Para tapar los agujeros, la Administración foral, que ya paga el 50% del salario mínimo por trabajador y bonifica y exime las cuotas patronales de la Seguridad Social, debe subvencionar el déficit para equilibrar las cuentas de empresas fundadas por instituciones de apoyo a disminuidos físicos y psíquicos y personas con exclusión social como Aspace, Anfas o Anasaps.
Para complicar las cosas, seis de las mayores empresas del sector en Navarra (Tasubinsa, Aspace, Amimet, Elkarkide, Nasermo y Albernia), que suman 1.200 trabajadores, se encuentran en plena negociación del convenio. En dos casos el proceso está bloqueado desde hace más de un año. "El problema tiene difícil solución", apunta Elizalde, "porque los salarios vienen condicionados por el bajo valor añadido de los productos y las condiciones draconianas de precio impuestas por las empresas". Ello incide en el escaso margen de los posibles aumentos salariales. "Una subida del 3% pactada en la empresa ordinaria es aquí ridícula porque apenas alcanza los 14 euros brutos", agrega.
