Giro sobre el PER
Era evidente que la coincidencia de gobiernos del PSOE en Madrid y Sevilla iba a provocar sorpresas. De momento, se puede percibir un giro en la política sobre el PER, una prestación que, hiperbólicamente, fue calificada de "derecho histórico" por el responsable de Empleo del Gobierno de Manuel Chaves.
El pasado domingo, en este periódico, Alejandro Bolaños recogía unas declaraciones del secretario de desarrollo rural del PSOE andaluz, Fernando Rodríguez Villalobos, en las que éste daba por supuesto que no se van a desmontar los efectos del decretazo, una medida del Gobierno del PP que impide que se apunten al PER nuevos perceptores.
"No se puede cambiar un sistema como ése de la noche a la mañana", decía Rodríguez Villalobos, que no explicaba por qué no puede rehacerse algo que se deshizo de repente. Y aún se entiende menos si se recuerda el vigor que puso el PSOE andaluz en atacar la extinción del PER, proceso que, paradójicamente, estaba ya previsto desde hace trece años en el primer documento de concertación firmado por Chaves y, más recientemente, en las conclusiones de la llamada segunda modernización.
Conviene ahora recordar que a la defensa del PER se dedicaron al menos 1,2 millones de euros en propaganda -dinero que daría para unas cuantas peonadas-, que Manuel Chaves anunció que se pondría a la cabeza de "cientos de miles de andaluces" en la lucha contra los efectos del decretazo, que el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, denunció un plan del Gobierno de José María Aznar para sustituir a los inmigrantes extranjeros por extremeños y andaluces y que se pronosticaron grandes movimientos descontrolados del campo a la ciudad.
Un año y medio después del decretazo no se ha producido ninguna de las catástrofes anunciadas, a pesar de que, como informaba Bolaños, más de 70.000 jornaleros andaluces se han quedado en este tiempo sin subsidio. No debería de sorprendernos: lo sorprendente hubiera sido que la extinción de un sistema que se creó en una Andalucía misérrima y analfabeta tuviera efectos dramáticos en una sociedad que felizmente cuenta con sistemas de protección social avanzados y en la que cualquier ciudadano puede acceder a toda la enseñanza que sea capaz de asimilar.
La coincidencia de gobiernos del PSOE en Madrid y Sevilla nos va a permitir distinguir entre lo que eran reivindicaciones razonables y las que eran, sobre todo, producto del acaloramiento político. Ya lo estamos viendo con el PER y probablemente lo veremos con algunos aspectos de las reformas educativas impulsadas por el PP.
En cualquier caso, es bueno que termine triunfando la racionalidad sobre el apasionamiento. El PER es un instrumento anacrónico e injusto, porque no protege a los más necesitados sino a los que tienen más habilidad para obtener firmas de peonadas. Es un sistema que sigue en vigor en zonas de Andalucía que casi rozan el pleno empleo y en las que las tareas agrícolas están ya, desde hace años, en manos de inmigrantes. Sin duda, existen problemas sociales pendientes y han de tener un tratamiento más razonable y generoso, como el de establecer un salario social. Se avecinan tiempos de calma y hay que aprovecharlos para trabajar en serio.
