Vivienda contratará inspectores ajenos para combatir el fraude
Pretende revisar la situación de todas las viviendas de protección
El Gobierno va a incrementar su política de mano dura contra los que intenten algún tipo de fraude con la vivienda de protección oficial (VPO). La Consejería de Vivienda que dirige Izquierda Unida contratará inspectores externos a la Administración para reforzar sus efectivos y comprobar que los pisos adjudicados en los sorteos son ocupados de manera efectiva por sus verdaderos titulares, uno de los casos más habituales de picaresca. El gran volumen de pisos a revisar, más de 50.000, ha llevado al departamento a reforzarse para inspeccionar casa por casa.
El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicará en breve el concurso para seleccionar a la empresa que reforzará a la plantilla de inspectores del departamento. La Oficina de Control Económico del Gobierno, dependiente del Departamento de Hacienda, está dando el último retoque a la propuesta. La consejería de Vivienda hubiera preferido disponer de un mayor número de funcionarios propios dedicados específicamente a estas tareas, pero el Ejecutivo se mueve por la senda del déficit cero, con crecimientos prácticamente nulos en plantilla, con lo que la opción que queda es recurrir a la contratación de inspectores externos.
El director de Planificación Financiera de Vivienda, Javier Burón, justifica el refuerzo del servicio de inspección porque "el departamento es conscientes de que debe ir a más y ser más agresivo en la lucha contra el fraude post sorteo, en el uso de la vivienda". "La operación de inspección de la VPO va a ser fuerte", advierte.
En la actualidad, el patrimonio de VPO promovido por el Gobierno vasco o por la iniciativa privada con tutela por parte de las administraciones públicas desde principios de los ochenta ronda los 50.000 pisos. Muchos de ellos ya estarán descalificados, es decir, habrán superado los 20 años con la etiqueta de VPO que exigía la antigua normativa antes de ser considerados libres. Pero, aun así, el volumen a revisar es muy importante, apunta Burón.
El trabajo de los nuevos inspectores, que complementarán el trabajo que ya realizan los funcionarios de las delegaciones de Vivienda en los tres territorios, consistirá en comprobar si las viviendas están ocupadas por el verdadero titular; en el caso de los pisos de alquiler, si viven en ellas las personas que han firmado el alquiler y no por más inquilinos. Las comprobaciones se realizarán mediante la lectura de los contadores de agua y de luz, con visitas al piso, preguntando a los presidentes de las comunidades de vecinos, realizando llamadas telefónicas y levantando actas, entre otros sistemas.
Burón confía en "el efecto ejemplificador" de estos controles, que se traduce en que "cuando alguien ve que ocurre algo en su bloque de vivienda, tiende a regularizar su situación". A pesar del volumen del patrimonio, el director de Planificación Financiera prevé que en la detección de lo casos de fraude "pasarán meses, pero no años". "Una vivienda de protección oficial no se cede en derecho de superficie por 17 o 18 millones de pesetas por capricho del Gobierno o de los ayuntamientos. Se ha producido una inversión de dinero público muy importante para gente que necesita un piso. No se puede defraudar esa confianza", subraya.
Colaboración de notarios
El otro fraude con la VPO, que es el más llamativo, es el de la venta de la vivienda por su titular en el mercado libre. Se trata de una práctica muy controlada por la Administración, que hace dos tres meses reforzó su colaboración con los notarios y los registradores de la propiedad, personas por las que siempre pasan este tipo de transmisiones. "Ahora mismo es prácticamente imposible vender una vivienda protegida en el mercado libre, porque habría que hacerlo a través de un notario y un registrador de la propiedad que se salten la normativa", explica Burón.
Además, cuando el Gobierno vasco tiene conocimiento de que se va a producir una venta aplica su derecho de tanteo y retracto sin miramientos. Este sistema le permite quedarse directamente con el piso pagando pagand por él el precio que está establecido oficialmente. A continuación lo vuelve a adjudicar.
Viviendas descalificadas
La consejería de Vivienda consiguió el año pasado 5,6 millones de euros por medio de la descalificación de 568 viviendas de protección oficial. Se trata de pisos que en su momento sus propietarios los compraron en el mercado libre, pero como no disponían del dinero suficiente solicitaron ayudas al Gobierno para poder adquirirlos. Como contrapartida, el departamento los calificó como protegidos, con lo que sus dueños no podían venderlos hasta que transcurriera un plazo de 20 años.
A lo largo de 2003, los propietarios de esas 568 viviendas han devuelto al Gobierno el dinero que les dio y los correspondientes intereses, con lo que sus casas han quedado libres. Los titulares de estas casas se han acogido a la normativa que la consejería dirigida por IU aprobó en diciembre de 2002, introduciendo la posibilidad de descalificar las viviendas en origen libres que recibieron subvenciones sobre la base de los programas antiguos de ayudas.
La filosofía que llevó al departamento a aprobar la normativa sobre descalificaciones es la siguiente: personas que ya no necesitan las ayudas públicas que percibieron en el pasado las devuelven y permiten a su vez que el Gobierno destine de forma inmediata esos ingresos a la concesión de nuevas ayudas a la compra de vivienda usada y rehabilitación. Además, se da la circunstancia de que la totalidad de las viviendas descalificadas ahora podrían haber corrido la misma suerte al transcurrir el plazo de 20 años que la anterior normativa establecía como período de calificación.
Según el Departamento de Vivienda, "se ha producido una transferencia neta de fondos desde ciudadanos que ya no necesitan la tutela pública hacia personas que sí la necesitan hoy mismo".
