La Fiscalía del Superior vasco cree que el 'plan Ibarretxe' desborda la Constitución
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha emitido un informe en el que subraya que en el plan Ibarretxe, "bajo la apariencia de una iniciativa política de modificación estatutaria se oculta un verdadero objetivo de desbordamiento del sistema constitucional y de ruptura con la legitimidad estatutaria".
La Sala de lo Contencioso Administrativo del máximo tribunal de la comunidad autónoma, que instruye el recurso interpuesto por el colectivo Manos Limpias tras la aprobación de la propuesta del lehendakari, Juan José Ibarretxe, el pasado 25 de octubre, solicitó el 5 de febrero a la Fiscalía que informara sobre la "posible falta de jurisdicción" de la Sala. Es la primera vez que el ministerio público se pronuncia sobre el plan Ibarretxe en uno de los tres recursos presentados ante el Contencioso contra la propuesta (de la Diputación de Álava, el Gobierno navarro y el ya citado de Manos Limpias).
Sentencias del Supremo
El informe, remitido por la fiscal Blanca Gómez, invoca varias sentencias del Tribunal Supremo para sostener que "toda la actividad del Gobierno, cualquiera que sea su naturaleza, se somete al control del orden jurisdiccional" en lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales y al cumplimiento de los "elementos reglados" a que debe ajustarse. En definitiva, la propuesta "no nace al mundo jurídico blindado frente a los naturales mecanismos de control del Estado de Derecho".
En su respuesta a la Sala, la fiscal intenta desentrañar el "verdadero objetivo" del plan, que, a su juicio, no es otro que el "desbordamiento del sistema constitucional". La propuesta es la "más genuina expresión de una estrategia jurídica de camuflaje", ya que emplea el articulo 46 del Estatuto, previsto para su modificación, pero pretendiendo la "redefinición de un marco político de verdadero alcance constituyente".
De hecho, el ministerio público sostiene que la propuesta se adentra en la reforma de la Constitución, "cuya vigencia pretende fragmentarse territorialmente, propugnando su arbitraria inaplicación a una parte del territorio español".
El informe no pretende ser prolijo en los elementos inconstitucionales del plan, pero pone como ejemplo la parte dedicada al ejercicio del poder publico en la Comunidad de Euskadi o el título destinado a los poderes para apuntar: "Nos hallamos ante una verdadera reforma constitucional, que el Gobierno vasco pretende imponer haciendo un uso fraudulento de sus facultades legales". La fiscal, además, señala que existe una "incompatibilidad manifiesta" entre la propuesta y cuatro leyes orgánicas que conforman el bloque de constitucionalidad. Por todo ello, cree "legítima" la impugnación y la fiscalización del plan para "hacer frente a extralimitaciones competenciales tan clamorosamente ofensivas a valores constitucionales".
