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Una investigación de la UEx apuesta por la ampliación de la protección jurídica de los consumidores en el marco de la UE

En muchos núcleos de población extremeños no se produce una competencia real entre los establecimientos comerciales, puesto que existen pactos para no competir. Esta es una de las conclusiones que presenta una tesis doctoral defendida recientemente en la UEx y que ha sido calificada con sobresaliente cum laude por unanimidad.

El estudio, elaborado por el profesor Ángel Acedo, tiene la finalidad de analizar las instituciones jurídicas destinadas a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, así como de los mecanismos instaurados en el ordenamiento jurídico para hacerlos efectivos. Según explica el autor, en los últimos años, pocas materias jurídicas han suscitado entre los ciudadanos tanto interés como el derecho de protección de los consumidores. Desde este punto de vista "todo, hoy en día, es derecho del consumidor".

Así, algunas de las conclusiones que refleja la tesis indican que existe una pugna constante entre el estado y las comunidades autónomas sobre quién tiene la competencia para legislar sobre consumo. Si bien "puede afirmarse que la doctrina del Tribunal Constitucional determina que el estado tiene competencias con carácter exclusivo".

Entre los instrumentos normativos que este estudio doctoral destaca como positivos está el dotar a la publicidad comercial de efectos contractuales: "lo que permite al consumidor acudir directamente a ejercitar a la jurisdicción ordinaria, al objeto de que se cumpla todo aquello que se publicitó mediante cualquier soporte informativo", señala Acedo. Además, según éste, el sistema arbitral de consumo, pese a sus inagotables ventajas y escasos incovenientes "no es la panacea", ya que el sometimiento a este mecanismo es de carácter voluntario. "Sería muy interesante hacer una llamada de estímulo a las administraciones públicas para que incentiven, con atractivas ventajas a aquellas empresas y profesionales para que se adhieran anticipada y voluntariamente a al sistema arbitral".

La investigación, dirigida por el doctor Ragel Sánchez, aborda el régimen jurídico de los hipermercados y grandes superficies en la Unión Europea, analiza el concepto de consumidor, así como su tratamiento en el derecho comunitario, estatal y autonómico, con especial énfasis en el extremeño; y estudia las infracciones por alteración, adulteración, fraude o engaño a los consumidores y usuarios de la región.

El autor propone ampliar el concepto de consumidor a profesionales, pequeñas empresas, agricultores, artesanos y explotaciones diminutas, que sufren en muchos casos relaciones de desigualdad con los grandes de la economía.

Asimismo, la tesis estudia el derecho a la protección de la salud, la seguridad, la calidad de vida y el medio ambiente.

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