Los hoteleros de Val d'Aran inician acciones judiciales contra Endesa
La Generalitat abre expediente por el apagón del pasado lunes
Los hoteleros de Val d'Aran se amparan en la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Pimec-Sefes, para iniciar acciones judiciales contra Endesa por el apagón que el pasado lunes provocó el caos en la estación de esquí de Baqueira, la más emblemática de España, y dejó sin luz a 25.000 personas. El apagón desvela que el sector turístico no siempre se siente defendido por la gran patronal, Fomento del Trabajo.
El Gremio de Hostelería del Val d'Aran recibió ayer el soporte de la Federación de Hostelería de Lleida, vinculada a Pimec-Sefes, "para iniciar acciones judiciales contra la compañía eléctrica", manifestó a este diario el presidente de la federación, Jaume Marimón. El Gremio de Hostelería del Val d'Aran representa a los grandes establecimientos de la zona -los hoteles Montarto, Tuca y Casa Irene, entre otros- pero agrupa básicamente a más de un centenar largo de pequeñas empresas turísticas, que, en general, se sienten más protegidas por Pimec que por Fomento del Trabajo, la gran patronal articulada en la CEOE. La desconfianza respecto a la gran patronal ha ido creciendo desde el momento en que el presidente de Fomento del Trabajo, Juan Rosell, desempeñó la presidencia de Fecsa-Endesa, la marca catalana del grupo eléctrico.
Los hoteleros buscan ahora el apoyo del resto del sector. "Pedimos una demanda conjunta del sector contra la compañía por daños y perjuicios y por el mal causado a la imagen turística de la zona", afirmó ayer el presidente del Gremio de Hostelería aranés, Juan Antonio Serrano.
Nuevo expediente
Por su parte, el nuevo Gobierno catalán se ha estrenado con la apertura de un expediente contra Endesa por el apagón, tal como anunció el nuevo consejero de Industria y Trabajo de la Generalitat, Josep Maria Rañé. En los últimos años, las sanciones a Endesa, causadas por el deterioro de la red de distribución del mapa eléctrico catalán, han sido numerosísimas: más de 300, en apenas un lustro.
Endesa, que controla el 100% del mercado catalán, ha recurrido la práctica totalidad de las sanciones. La más cuantiosa se eleva a seis millones de euros por el apagón de diciembre de 2001, que dejó sin luz durante varias horas a dos millones de ciudadanos del cinturón de Barcelona.
PSC, Esquerra e Iniciativa, las tres fuerzas que integran el Gobierno tripartito catalán recientemente constituido, se mostraron muy críticos con la política timorata del anterior ejecutivo de CiU respecto a Endesa. En la etapa anterior, la entonces oposición llegó a denunciar en la cámara catalana que Endesa estaba protegida por el amiguismo entre sus directivos y algunos altos cargos del ex Gobierno de Jordi Pujol.
La crisis desatada por el apagón pirenaico ha llegado al Consell Generau d'Aran, el pequeño autogobierno del valle que posee competencias turísticas y medioambientales. En este consejo, actualmente gobernado por CiU, la oposición -integrada por Unitat d'Aran, de afinidad socialista, y el Partit Renovador de Arties e Garos (PRAG), de carácter independiente - solicitó ayer la convocatoria urgente de un pleno extraordinario.
