La primera junta directiva de la FAPA Gonzalo Anaya renueva por dos años
En el verano de 2001 se constituyó en Valencia la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) Gonzalo Anaya, rompiendo desde una perspectiva progresista y defensora de la escuela pública, la hegemonía oficialista detentada por la Covapa que dirigía José Antonio Ranchal con la aquiescencia de la Administración educativa. Pasados dos años, la junta directiva que preside Carmen Molina ha sido renovada este fin de semana en Elche por otros dos, después de que las federaciones de Alicante y Castellón renunciaran a asumir la dirección que les correspondía por el sistema de rotación establecido en los estatutos. La razón de esta renuncia es, según un comunicado de la confederación, que "el ejercicio anterior había sido de puesta en marcha y arranque de la organización", con el agravante de que "había carecido de apoyos de la Administración educativa". Así lo determinó la asamblea extraordinaria celebrada el sábado.
Previamente, la asamblea ordinaria aprobó la gestión y las cuentas de 2002, a la vez que destacó "como logro del ejercicio cerrado la incorporación de la Gonzalo Anaya al Consell Escolar Valenciá". El pasado 16 de septiembre, el consejero González Pons anunció la incorporación de la mayor organización de padres y madres de la Comunidad Valenciana al Consell Escolar. Recientemente, sin embargo, Educación nombró también a Ranchal miembro del alto órgano consultivo valenciano en materia educativca. Carmen Molina denunció el hecho, ya que la Covapa, "a pesar de no ser representativa, había conseguido 3 votos en el Consejo, y ahora, con el de Ranchal, serán cuatro, los mismos que tiene la Gonzalo Anaya, que sí representa a 900 AMPAs de las de verdad".
La asamblea de la Confederación propuso también en Elche la celebración de unas jornadas de municipalidad para "debatir el traspaso de la gestión de la educación infantil y primaria a los ayuntamientos". También se sugirió elevar "quejas individuales al Defensor del Pueblo cada vez que se vulnere el derecho de los padres y madres a participar en la gestión de la educación de sus hijos", un derecho que la Ley de Calidad "suprime al convertir los consejos escolares en órganos meramente consultivos y eliminar su capacidad decisoria".
