Los casos de soborno fuerzan a las petroleras a hacer públicas las comisiones que pagan

El reciente caso de soborno por parte de la petrolera noruega Statoil para obtener un contrato en Irán, el de un ex empleado de ExxonMobil por una conducta similar en Kazajistán y la investigación abierta contra ChevronTexaco han intensificado la presión de organismos internacionales para que las petroleras hagan públicas las comisiones que pagan, además de otros desembolsos, como derechos de explotación e impuestos. Grandes compañías, como Repsol YPF, dicen estar dispuestas a publicar las cifras en sus memorias, pero requieren para ello la autorización de los Gobiernos.

El caso del soborno de Statoil ya le ha costado el puesto al consejero delegado de la petrolera y a otros dos altos ejecutivos. Las cabezas rodaron en los últimos 20 días, a medida que la policía noruega desvelaba más detalles de un supuesto pago de unos 15 millones de dólares para obtener los derechos de explotación de uno de los mayores yacimientos de gas del mundo, el de South Pars, en Irán. Casi simultáneamente, el Departamento de Justicia de EE UU abría el mes pasado una investigación ante la sospecha de que ChevronTexaco pudo haber realizado pagos ilegales para obtener una participación en el yacimiento de Karachaganak, en Kazajistán. Una portavoz de ChevronTexaco ha declarado que todos los desembolsos hechos por la compañía han sido legales.

En junio pasado, Bryan Williams, un ex ejecutivo de la antigua Mobil (hoy ExxonMobil), se declaró culpable de evasión fiscal después de que no pudo justificar pagos secretos, incluyendo dos millones de dólares que, según declaró, obtuvo en conexión con la compra de una participación para la petrolera en Kazajistán. Williams sostuvo que jamás informó a la compañía sobre estos pagos. A principios de año, el consultor del mercado petrolero James Giffen fue procesado por diferentes sobornos a funcionarios del Gobierno kazajo por un total de 78 millones de dólares.

Las sospechas y los casos concretos de pagos ilegales que han salido a la luz últimamente, añadido a la inminente apertura del sector petrolero iraquí, han intensificado el debate acerca de la necesidad de que las compañías petroleras hagan públicos sus desembolsos en los países en vías de desarrollo donde operan. Compañías como Shell, BP o Repsol YPF dicen estar dispuestas a hacerlo, pero no sin la autorización de los países. "No es sólo es una cuestión de las petroleras", explica una fuente del sector, "sino también de los gobiernos, que deben estar de acuerdo".

Para conseguir este 'pacto', el Gobierno británico lanzó la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (la EITI, según sus siglas en inglés). La primera reunión entre representantes de petroleras, empresas mineras, gobiernos, inversores del sector y organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE y la Comisión Europea; y ONGs, se celebró en Londres a finales de junio. En total, participaron 25 países y una veintena de compañías., entre ellas Repsol YPF, que ayer confirmó su incorporación a la EITI.

Escepticismo

La mayoría de los países estuvo de acuerdo con los principios de la iniciativa, pero fueron escépticos acerca del resultado. Suráfrica advirtió sobre las consecuencias negativas de la propuesta y planteó canalizarla a través de Naciones Unidas. Entre las petroleras, la italiana ENI, que estuvo muy activa en las primeras negociaciones, finalmente se apartó a la "espera de que todas las partes estén de acuerdo". ENI, junto a otras petroleras como la rusa Lukoil, están en la pugna por lograr un contrato en Irak, el país donde se teme que la corrupción se dispare en el sector energético a medida que se vaya abriendo a la inversión extranjera.

De momento sólo es posible la publicación de los desembolsos si tanto la empresa como el país están de acuerdo en divulgarlos. Tal es el caso de las negociaciones que han emprendido Repsol YPF y Trinidad & Tobago. Pero Argentina, por ejemplo, no ha participado aún en la iniciativa por lo que, de momento, Repsol YPF no puede revelar ningún pago si existe una cláusula de confidencialidad en el contrato firmado con el Gobierno del país suramericano.

Cepsa, por su parte, estudia incorporarse a la iniciativa de transparencia, aunque de poco serviría si Argelia (el país donde la petrolera está más activa) no suscribe ningún acuerdo en ese sentido.