El precio del claustro de la Valldigna se encareció por trabas burocráticas

El consejero de Cultura, Esteban González Pons, admitió ayer que han existido discrepancias entre la Generalitat y la Comunidad de Madrid para el retorno del claustro de Santa María a su emplazamiento originario en el monasterio de la Valldigna. Unas desavenencias que han impedido un acuerdo entre las dos administraciones, ambas en manos del PP, que hubiera posibilitado la adquisición gratuita del claustrillo o un precio inferior al millón de euros que el Consell abonará a los propietarios.

La Consejería de Cultura tuvo que optar por negociar directamente con los propietarios del palacete del Canto del Pico ubicado en Torrelodones -donde está el claustro de la Valldigna- las condiciones de la compra, sin la intermediación de sus homólogos en Madrid.

Las conversaciones se encontraban también bloqueadas por el complicado entramado jurídico y legal que rodea al palacio del Canto del Pico, declarado en 1930 "monumento histórico-artístico". Para permitir el retorno del claustro a la Valldigna, la dirección general de Patrimonio de Madrid debía autorizar la "desafección" de la pieza del resto del monumento. Una opción a la que se oponían los dueños del palacete y varios miembros del Consejo Regional de Patrimonio del gobierno madrileño. El edificio se encuentra además enclavado en la zona de protección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, por lo que cualquier alteración del mismo necesitaba también el permiso de los responsables madrileños de Medio Ambiente. A ello había que añadir que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torrelodones exigían a la Generalitat por el retorno de la pieza "compensaciones culturales".

A la vista de tantas trabas, González Pons reconoció ayer que el Consell optó por no alargar más las negociaciones, y aprovechó que los propietarios bajaron la cifra de venta a un millón de euros, "el precio más bajo de cuantos habían llegado a ofrecer", para aceptar la propuesta; aunque más elevado que la oferta de 120.000 euros realizada en 2001 por la Generalitat. "160 millones no es tan siquiera lo que cuesta una exposición que se hace en cualquiera de nuestras capitales de provincia, ni el patrocinio de un equipo deportivo para una sola temporada, ni una obra de arte que se compra para el IVAM", defendió el consejero.

Esteban González Pons se desplazó ayer al monasterio de Santa María para presentar, junto a los alcaldes de las cuatro poblaciones de la Valldigna (Simat, Barx, Benifairó y Tavernes), la "declaración institucional" de la compra del claustro gótico del Palau de l'Abat por parte de la Generalitat. El consejero aseguró que agilizará los trámites para el traslado de la pieza arquitectónica, y anunció que el claustrillo podría estar reintegrado en su lugar de origen para Navidad. A pesar de ello, su presentación pública se postergará al 14 de marzo, víspera del Día de la Valldigna, en una jornada de puertas abiertas. Para esta fecha estarán también casi finalizadas las obras de restauración de la Sala Capitular, y la recuperación del mihrab de la mezquita de la Xara.

El consejero de Cultura y Educación aseguró el pasado lunes tras anunciarse la compra del claustro: "Creo que es la mejor noticia que voy a dar en esta legislatura" y apeló al patriotismo de los constructores de las tres provincias valencianas para que patrocinen el desmontaje, traslado y montaje del claustro.