El Gobierno da marcha atrás y amplía el baremo para conceder pensiones por sida

Más de tres años ha tardado el Gobierno en dar marcha atrás y corregir el real decreto que endurecía las condiciones para reconocer la discapacidad a los enfermos de sida. Durante ese tiempo, más de 2.000 portadores del VIH han perdido la pensión no contributiva (poco más de 252 euros mensuales), que era, en la mayoría de los casos, sus únicos ingresos, según datos de la Coordinadora Estatal de VIH/Sida (Cesida). Otros 8.000 aproximadamente (la cifra no es exacta porque las ONG de afectados están reuniendo los datos) han vivido con la amenaza de perderla.

El conflicto entre el Ministerio de Asuntos Sociales y las ONG de afectados comenzó en enero de 2000, con la publicación de un real decreto que endurecía las condiciones para evaluar la discapacidad creada por el sida y los fármacos que se usan para combatir el VIH (el virus que la causa).

Con ello se restringía la posibilidad de llegar al 65% de discapacidad que da derecho a una pensión aunque no se haya cotizado el tiempo suficiente (una situación en la que se encuentran muchas de las personas que viven con el VIH, sobre todo las que se infectaron por compartir jeringuillas durante su adicción a la heroína). A partir del 33% de discapacidad se empiezan a obtener beneficios laborales y sociales.

Equipo multidisciplinar

Uno de los principales cambios en el decreto (a los que se ha llegado después de "numerosísimas reuniones, manifestaciones y presiones", según María José Fuster, presidenta de Cesida, consiste en que la evaluación de la minusvalía correrá a cargo de un equipo multidisciplinar (médico, psicólogo y trabajador social) en vez de atender sólo a criterios clínicos. Con ello se protege a parte de los portadores que, aunque tengan unos parámetros clínicos aceptables, viven en la marginación o la exclusión por el estigma de ser portadores del VIH o por otros factores, como problemas psicosociales, de drogadicción, estancias en prisión o prostitución.

Otro cambio consiste en mantener el 33% de discapacidad para todas aquellas personas que tengan un número de linfocitos CD4 inferior a 200 por mililitro de sangre. Estas células son las víctimas del VIH y su descenso mide la progresión de la infección; en las personas sanas su número es superior a los 800.

También se concederá una discapacidad del 33% cuando una persona sufra a la vez una infección por el VIH y por el virus de la hepatitis C. Esta coinfección por los dos virus es muy frecuente (se calcula que se da en más del 50% de los casos) porque sus vías de transmisión son iguales.

La sección jurídica de Cesida (Jurisida) está preparando unas recomendaciones para quienes hayan perdido alguna prestación por culpa del decreto, declaró Fuster. Quienes lo deseen pueden consultar con la coordinadora en el 963 74 77 77.