La juez tomará declaración a partir de mañana a 14 testigos propuestos por las partes del caso CPV
La juez suplente que instruye el caso CPV, Mercedes Gutiérrez, tomará declaración a partir de mañana, día 4, y hasta finales de mes a un total de 14 testigos propuestos por las partes para esclarecer la supuesta estafa inmobiliaria cometida por la Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) en tres nuevos barrios del norte de Madrid.
A través de una providencia, la suplente del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid -que sustituye a la titular, Coro Monreal Huerta- ha citado a declarar a los comparecientes para los próximos días 4, 5, 11, 12, 17, 19, 22 y 24.
Según informaron fuentes cercanas al proceso, la mayor parte de los testigos son ex trabajadores de la promotora inmobiliaria. No obstante, las mismas fuentes precisaron que el próximo viernes declarará Antonio Foncubierta, un abogado que trabajó para la entidad y que supuestamente estaba al tanto de los contratos y las operaciones financieras que ésta realizaba.
Así, para uno de los abogados de la acusación particular, este testigo podría aportar datos sobre el destino del dinero que los afectados por el supuesto fraude inmobiliario adelantaron durante más de cuatro años para la adquisición de una vivienda en los desarrollos de Las Tablas, Montecarmelo o Sanchinarro.
La primera comparecencia será mañana, jueves, a partir de las diez de la mañana.
El pasado 15 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la situación de libertad provisional para los cuatro imputados en el caso, el director general de CPV, Francisco García Moreno, sus hijos Miguel Ángel y Francisco Javier García Sánchez, y el administrador de la empresa, Miguel Ángel Morillo del Pozo.
A través de un auto, la Sección Segunda de la Audiencia desestimó el recurso de apelación que el fiscal y las acusaciones particulares habían interpuesto contra el auto de libertad provisional dictado el pasado 20 de diciembre por la instructora Monreal Huerta a favor de los imputados. En su resolución, el tribunal alegaba la disminución del riesgo de fuga de los inculpados, al haber transcurrido siete meses desde que se inició el proceso.
