La presencia de tropas españolas en Irak centrará la reapertura del curso político
Hay inquietud entre los populares, que preveían un fondo menos tenso para el relevo de Aznar
La crisis en Irak, que parece caminar hacia una complicación cada día mayor; la presencia de 1.300 soldados españoles en la zona y las oscuras circunstancias de la muerte del capitán de navío Manuel Martín-Oar han vuelto a poner en primer plano político la participación española en aquel conflicto. En pocos días se reabrirá la actividad parlamentaria normal y la oposición ya ha anunciado que reavivará el debate, probablemente con más fuerza que antes.
Los dirigentes del PSOE, que han recibido críticas internas este verano por la lentitud de sus reacciones, especialmente en el caso de su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, pretenden ahora retomar la iniciativa. En el PP, la actitud impertérrita que mantiene el presidente del Gobierno, José María Aznar, no oculta una creciente preocupación. "Teníamos previsto anunciar el nombre del candidato en un escenario menos crispado", reconoce un alto dirigente.
La crisis de Irak ha puesto de relieve deficiencias internas en el PSOE
El PP confiaba en que el sucesor de Aznar surgiera en septiembre "libre de polvo y paja" o al menos no en medio de un duro enfrentamiento sobre la participación española en la guerra de Irak. Pero tal y como se está desarrollando la situación, parece claro que tendrá que implicarse inmediatamente en el debate sobre los militares españoles desplazados a Diwaniya, a las órdenes de la "autoridad ocupante" de aquel país. Muchos responsables del PP creen que, en mitad de una crisis, el candidato estará más obligado que nunca a asumir y defender el lenguaje de Aznar, con pocos matices. "Será muy difícil que, sea quien sea el sucesor, aporte una visión propia en este asunto", admite el mismo dirigente popular.
De momento, esta semana el debate queda en manos de la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, que comparecerá ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Pero, en cualquier caso, Aznar se verá también obligado a comparecer en el Parlamento muy pronto, una vez que se reanuden, a primeros de mes, los plenos reglamentarios.
La línea de defensa elegida por el Gobierno durante las vacaciones se va a encontrar ahora con dificultades añadidas. La cuestión clave es que el presidente del Gobierno y sus ministros se han esforzado en hacer llegar a la opinión pública la idea de que las fuerzas españolas se encontraban en Irak cumpliendo un mandato de la ONU (resolución 1.438). Pero los debates en el Parlamento van a permitir a la oposición dejar claro que no es así, por más que se repita incansablemente.
"No vamos a consentir que se siga haciendo creer a la opinión pública algo que no es cierto", asegura el diputado de CiU Ignasi Guardans, uno de los políticos que ha seguido con más dedicación los acontecimientos en Irak durante todo el verano. Según explica, la resolución 1.438 se limita a constatar que hay gobiernos, como los de España o Polonia, que quieren colaborar con la "autoridad ocupante" y que se han ofrecido a hacer tareas bajo ese mando, pero que de ninguna manera se encuentran en Irak "bajo mandato de la ONU".
La prueba de que ese mandato no existe es que India retiró en el último momento los 18.000 soldados que pensaba enviar, precisamente por falta de decisión de Naciones Unidas.
La irrealidad del lenguaje que usan habitualmente el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros para explicar su decisión de enviar tropas a Irak será una de los mayores objetos de crítica en el Parlamento por parte de toda la oposición. Hasta la CNN acepta que Estados Unidos y Gran Bretaña ocuparon Irak sin aprobación explícita de la ONU, pero el Gobierno español sigue manejando una interpretación distinta, que considera correcta y de la que no se separa, pase lo que pase y se le diga lo que se le diga.
Aznar sólo se ha desviado de ese guión para introducir el argumento de la lucha contra el terrorismo como fuente de legitimidad para la intervención española en Irak. Sin embargo, se trata de un argumento difícil porque hasta el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jorge Dezcállar, dijo en su momento públicamente que el servicio secreto español no creía que existieran conexiones entre Al Qaeda y el régimen de Sadam Hussein. Bien al contrario, parece que ha sido el derrumbe del régimen dictatorial de Sadam y el caos en el que parece encontrarse el país lo que ha permitido la aparición de ataques terroristas como el que costó la vida al capitán de navío Manuel Martín-Oar.
Los últimos acontecimientos en Irak han puesto también de relieve deficiencias en el sistema de funcionamiento interno del PSOE, que ha merecido las críticas de algunos destacados militantes socialistas. Absorto por la crisis de la Asamblea de Madrid, Rodríguez Zapatero decidió la creación de un Comité de Estrategia, que se ha estrenado este verano y del que sólo forman parte él mismo, Jesús Caldera, José Blanco, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón como portavoz. El grupo carece de un buen especialista en temas internacionales y en temas económicos y han sido Blanco y Caldera quienes se han ido relevando desde finales de julio como cabezas visibles del partido.
Tal vez por ello, Rodríguez Zapatero ha aparecido en un segundo plano, incluso con cierto retraso. Los miembros de la ejecutiva socialista niegan esas críticas y aseguran que el secretario general ha protagonizado la respuesta a los ataques de Aznar. "Ha sido Zapatero el que le ha pedido que no se esconda y el que ha marcado el tono para las próximas sesiones parlamentarias", mantiene un veterano dirigente del PSOE.
Un colega suyo, sin embargo, critica que no se haya actuado con mayor rapidez y que no se haya aprovechado el verano para fomentar la imagen internacional del secretario general del PSOE. Rodríguez Zapatero, que no asistió en julio a la reunión de la crème socialista convocada en Londres por el partido laborista, tampoco ha querido aprovechar en agosto varias invitaciones que le habían hecho llegar personalidades extranjeras. Zapatero ha alegado los problemas que planteaba la crisis de Madrid.
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