Exteriores descarta en principio irregularidades financieras en la Obra Pía de Roma

La subsecretaria de Asuntos Exteriores, María Victoria Morera, que realizó una visita de inspección a la Embajada de España ante la Santa Sede el pasado martes, descarta en principio que se hayan producido irregularidades de tipo financiero o contable en la gestión de la Obra Pía de Roma, cuyo gobernador es el embajador, Carlos Abella Ramallo. La inspección del ministerio se prolongará, no obstante, hasta enero, mientras avanza, paralelamente, el estudio jurídico para reformar la institución. Morera espera que la reforma concluya antes de las elecciones generales de marzo.

Dos funcionarios de la parte administrativa de Asuntos Exteriores se encuentran en la capital italiana para revisar toda la contabilidad de la Obra Pía Establecimientos Españoles de Roma y realizar la primera valoración de los 40 inmuebles y 400 unidades inmobiliarias que integran el patrimonio de esta institución centenaria que rige el Estado español, aunque no sea propietario. Estos trabajos han sido iniciados al amparo del artículo 14 del reglamento del año 2001, que establece: "El Ministerio de Asuntos Exteriores podrá en cualquier momento acordar que sus servicios inspeccionen la gestión y funcionamiento de los Establecimientos Españoles".

Los técnicos transmitieron el martes sus primeras impresiones a Morera, que se entrevistó en Roma con el embajador Abella y con el ministro consejero, José Julio López-Jacoíste, quien abrió una crisis al oponerse a que su superior alquilara un piso de la Obra a un político italiano por una renta inferior a la de mercado. También conversó la subsecretaria con el administrador de la institución, con los auditores italianos de la misma y con algunos de los clérigos españoles que integran la junta de gobierno.

Con la reserva de que la inspección pueda aportar novedades ulteriores, la primera opinión de Morera, indican fuentes de su entorno, es que la gestión de la Obra Pía es sólida en lo económico, aunque claramente mejorable en cuanto a sus modalidades y objetivos. De ahí que se considere urgente la reforma de una institución anacrónica, cuyas raíces se remontan a la voluntad de generosos donantes que, desde el siglo XIV, quisieron dar dote a doncellas en apuros, ayudar a los peregrinos que iban a Vaticano y asegurarse de que sus propias almas gozarían del apoyo de preces eternas, tras su fallecimiento.

"La auditoría italiana es seria", indican las fuentes citadas, en referencia al informe contable que una empresa italiana "recomendada por un banco italiano" elabora cada año, desde que entró en vigor el reglamento de 2001. Es el único control profesional externo, ya que el interventor de Exteriores no valora las cuentas porque la institución no es propiedad del Estado. La auditoría no se extiende a los procedimientos de gestión, pero la Obra, por indicación de Exteriores, tiene previsto someterse a un control de ese tipo en un futuro próximo.

La Subsecretaría de Exteriores resta importancia al déficit de 600.000 euros que la Obra registró en el último ejercicio, ya que considera que está ligado al intenso proceso de remozamiento de los inmuebles y que no compromete el equilibrio financiero. Además de un patrimonio inmobiliario nunca tasado -a pesar de que su primer reglamento regulador, de 1951, ya establecía la obligación de hacerlo-, los Establecimientos Españoles cuentan con un capital mobiliario neto de 1.650.000 euros y unos fondos de reserva de 2.100.000 euros.

Los trabajos de reestructuración del patrimonio iniciados en 1992, cuando comenzaron las subidas de rentas después de que el Gobierno italiano liberalizara el mercado de alquileres, han permitido ya renovar totalmente el 26% de los pisos, un 50% de las fachadas y el 90% de las instalaciones básicas, como conducciones de agua, electricidad o calefacción. Prácticamente todas las rentas, añaden las fuentes, con dos o tres excepciones humanitarias, han sido elevadas ya hasta el 80% o 90% de su valor de mercado.

Los ingresos del pasado ejercicio se elevaron hasta 4.100.000 euros, de los que 3.600.000 euros procedían de alquileres. Las inversiones en renovación de pisos alcanzaron cerca de dos millones de euros, sobre un gasto total de 4.700.000 euros, que generó el déficit citado.