Pacto inestable
El Pacto de Estabilidad, que limita el déficit público de los miembros de la eurozona al 3% del PIB, no está todavía muerto, pero parece clara la imposibilidad de que las principales economías lo respeten en éste y, muy probablemente, en el próximo ejercicio fiscal. Así lo han dado a entender las reuniones del Eurogrupo (los 12 del euro) y del Ecofin esta pasada semana y las declaraciones del presidente de la Comisión, Romano Prodi, en Berlín, donde ha pedido una interpretación flexible del pacto. Es de agradecer que París haya terminado con la ambigüedad al reconocer que antepondrá el crecimiento a decisiones que tiendan a reconducir de forma inmediata el déficit fiscal. Alemania ya lo había hecho. Que finalmente se concreten las aperturas de expedientes, previas al establecimiento de sanciones, de igual forma que ocurrió con Portugal, es algo todavía por ver.
Lo relevante es que la Comisión Europea asuma las muy serias dificultades que en estos momentos afronta el conjunto de la zona monetaria para garantizar la recuperación de un crecimiento aceptable. El empeño en mantener las reglas es loable, pero siempre que su rigidez no estrangule el bienestar de los ciudadanos. La obcecación es en estos momentos el peor enemigo de esa posible compatibilidad entre crecimiento económico y la disciplina fiscal necesaria en una unión monetaria.
Que sea el nuestro uno de los gobiernos más críticos con los divergentes en materia fiscal no deja de ser paradójico. Fue precisamente Alemania,
el país al que ahora tanto se critica, quien impartió la pedagogía de la convergencia, en precios y desequilibrios presupuestarios. Además, Alemania es la que favorece año tras año el cumplimiento de ese pacto por economías como la española, receptoras netas de importantes recursos procedentes de sus arcas. Finalmente, porque esas críticas se compadecen poco con nuestra inflación, sistemáticamente por encima del objetivo máximo establecido por el BCE, sin que alemanes ni franceses hayan tratado de sacarles los colores a nuestras autoridades. No faltan razones, por tanto, para que, además de reclamar la flexibilidad que le vendría bien a nuestras finanzas públicas para aumentar la inversión, también lo hiciéramos con la solidaridad que el Gobierno español ha de ejercer con aquellos que financian nuestras ínfulas de grandeza.
