Los ayuntamientos andaluces emprenden un nuevo mandato lastrados por la deuda estructural

Los ayuntamientos andaluces que saldrán de las urnas el 25 de mayo tendrán que arrostrar un mismo problema: la vieja deuda que desde el establecimiento del sistema democrática lastra sin excepción la actividad de los principales municipios. Las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía (la asunción de la deuda total de los municipios menores de 1.500 habitantes y parcialmente de los de menos de 10.000) no han sido suficientes. La Federación Andaluza de Muncipios y Provincias (FAMP) quiere que durante el nuevo periodo el Gobierno y la Junta pongan fin a esta situación límite.

¿Será el periodo comprendido entre los años 2003 y 2007 el mandato en el que se enjugará definitivamente la carga financiera de los muncipios andaluces? José Moratalla, presidente de la FAMP y alcalde de Granada, confía en que sí. "En nombre de los ayuntamientos andaluces reclamo para este periodo la mayoría de edad del municipalismo". Y como primera medida exige al Gobierno central que acepte la presencia de los representantes de los ayuntamientos en el Consejo de Política Fiscal y Económica, el órgano estatal "donde se reparte el dinero".

Pero aunque el problema es común a los ayuntamientos de todo el Estado, cada comunidad autónoma tiene sus particularidades. En Andalucía los 29 municipios mayores de 100.000 habitantes (de los 770 totales) representan nada menos que el 56% de la población. De ahí que medidas como la asunción total o parcial por parte de la Junta de las deudas de las ciudades menores de 10.000 habitantes estén lejos de solventar una situación que Moratalla califica de "llanto permanente".

Paradójicamente, coincidiendo con el periodo electoral, algunos ayuntamientos de capitales de provincia, como el de Jaén, se han mostrado reacios a ofrecer cifras exactas de la deuda. Pero más allá de la coyuntura, la carga financiera es una espada que pende sobre los municipios desde hace años.

Elementos clave

"Los ayuntamientos fueron puntales clave en la construcción de la democracia. En los primeros años la gente se dejaba llevar por la ilusión y la colaboración sin sabe muy qué era el nivel de endeudamiento o los límites de las operaciones de crédito a largo plazo. Han pasado muchos años y desgraciadamente muchos ayuntamientos siguen anclados en el voluntarismo. Los ayuntamientos no puede convertirse en operaciones puente para ejecutar determinadas políticas", señala Moratalla. La audacia con que los primeros ayuntamientos democráticos solventaban la insuficiencia financiera ha dado paso una cautela de efectos, en muchos casos, paralizantes.

No obstante, no todo ha sido dejadez por parte de otras instituciones. La Unión Europea ha sido una aliada perfecta para promover determinados proyectos conjuntos, pero en ningún caso han servido para lograr lo que los alcaldes denominan su "independencia financiera". Las normas coercitivas de control financiero impiden además que los ayuntamientos puedan buscar soluciones por su cuenta más allá de los límites legales.

"En el nuevo periodo municipal es preciso que las comunidades autónomas y el Gobierno se tomen en serio la aspiración de los municipios para conseguir la suficiencia financiera", repite Moratalla. Pero al mismo tiempo que la deuda estructural persigue e hipoteca a los municipios, las restantes Administraciones van cediendo competencias a las corporaciones locales.

"Ni una sola competencia sin recursos", reclama el presidente de la FAMP. El pasado ocho de mayo el presidente andaluz Manuel Chaves reconoció en el Parlamento que la nueva versión del pacto local ha incumplido los plazos previstos y que su replanteamiento tendrá que esperar a la constitución de los nuevos ayuntamientos tras las elecciones del 25 de mayo.

A pesar de la lentitud y escasa fluidez con que están trabajando las diferentes comisiones constituidas entre la Junta de Andalucía y la FAMP para alcanzar un nuevo acuerdo para las corporaciones locales, el presidente de la Junta sostiene que ninguna gran infraestructura o proyecto de calado emprendido por un municipio no cuenta con la colaboración financiera la de comunidad autónoma.

De cualquier modo, la tendencia para el futuro más cercano es que las Administraciones centrales y autonómicas continúen cediendo competencias a los municipios. La última, el control del cumplimiento de la normativa de prohibición del tabaco a cambio de una ayuda. Pero el trasfondo, la deuda estructural, permanece.