La Audiencia rechaza el pago de fianzas del GIL con bienes públicos
La Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado el pago con bienes públicos de las fianzas impuestas a los ediles del grupo GIL por varios juzgados de Marbella, en distintos procedimientos por delitos contra la ordenación del territorio. El auto, hecho público ayer por el PSOE, acuerda desestimar el recurso interpuesto por el Ayuntamiento marbellí contra el Juzgado de Instrucción número 5 de esa ciudad. El titular de ese Juzgado decidió el pasado junio no admitir las fianzas hipotecarias municipales ofrecidas para cubrir las responsabilidades civiles de Jesús Gil y Gil, Julián Muñoz y otros concejales de su grupo, que deberán ahora constituir los avales exigidos de su propio bolsillo.
La comisión de gobierno aprobó en marzo de 2002 hacer frente con un inmueble de propiedad municipal, que el Ayuntamiento de Marbella adquirió un mes antes por 375.079 euros, a las fianzas de Gil, Julián Muñoz y otros ediles del equipo de gobierno actual y anterior, imputados en distintas causas urbanísticas. El PSOE recurrió el acuerdo, al que se opuso también la fiscalía, al considerar que las fianzas debían ser atendidas con "bienes de los propios imputados".
Las fianzas fijadas por los tribunales a los concejales del GIL ascienden a 216.121,44 euros, y se refieren a los casos Incopromar, Moansa y Pecho de las Cuevas, todos ellos en fase de procedimiento abreviado y con apertura de juicio oral. El acuerdo adoptado por la comisión de gobierno contó con los informes favorables del secretario municipal, Leopoldo Barrantes, y el jefe de Personal, Manuel Velasco, y en contra del interventor, Juan Antonio Castro.
