Menos inmigracion legal

El mensaje del Gobierno para justificar la aprobación de la actual Ley de Extranjería fue su apuesta a favor de "una inmigración legal y ordenada", como señaló en más de una ocasión Aznar, al tiempo que se endurecían, como contrapartida, las medidas de control de la irregular. Por eso llama la atención que, por primera vez en la última década, se haya producido en el segundo semestre del año 2002 una apreciable diminuación del número de inmigrantes legalmente residentes en España, al tiempo que no cesa de aumentar el de inmigrantes irregulares, muchos de los cuales pueden ser devueltos en frontera, mientras que otros consiguen entrar en España y permanecer en ella ante la imposibilidad material de devolverlos a sus países de origen.

Que disminuya la afluencia de inmigrantes legales puede deberse a múltiples causas. La principal: que los que se acogen a los procedimientos legalmente previstos para entrar en España -contratos en origen y contingentes anuales de mano de obra extranjera, fundamentalmente- hayan disminuido efectivamente. Pero esa disminución casa mal con el hecho de que los flujos de inmigración irregular han seguido aumentando en los últimos meses. Más bien, entonces, habría que atribuir esa situación a que los instrumentos previstos para encauzar la inmigración legal no funcionan como es debido, lo que no dejaría de significar un fracaso en toda regla de la actual Ley de Extranjería y de la política del Gobierno en materia de inmigración.

Sin recurrir a las previsiones apocalípticas del Comité de Población de Naciones Unidas sobre las tendencias demográficas a la baja en España en este siglo y la necesidad imperiosa de la inmigración para contrarrestarlas, se estima, según previsiones del Instituto Nacional de Estádistica (INE), que la economía española necesitará la aportación anual de unos 200.000 inmigrantes durante los tres próximos años para mantener su actual ritmo de crecimiento. Si este flujo de inmigrantes no llega por los cauces legales previstos, no sólo se causará un considerable daño al sistema productivo español, con su inevitable repercusión en el nivel de bienestar social y el sistema de pensiones, sino que se potenciará la inmigración irregular y las mafias que trafican con ella, que se aprovecharán de la necesidad de mano de obra extranjera.

La mejor arma contra la inmigración irregular sigue siendo el buen funcionamiento de las vías de entrada previstas para la legal, en especial una ajustada evaluación de los contingentes anuales de mano de obra extranjera, que siguen estando muy por debajo de las demandas de la economía y de la sociedad. El Gobierno tiene razón en el planteamiento teórico, pero falla en su cumplimiento. Si estas vías no funcionan o se restringen, las medidas directas contra la inmigración irregular -control a distancia con el patrullaje de los mares, control en origen con programas de cooperación o control bilateral mediante mecanismos de devolución y repatriación inmediatos- no sólo serán más difíciles y costosas de aplicar, sino que resultarán en gran medida ineficaces.