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martes, 7 de enero de 2003
Reportaje:EFECTOS DEL 'DECRETAZO' EN EL CAMPO

17 cuestiones fundamentales para conocer el subsidio agrario

El Gobierno y los sindicatos se enfrentan por un sistema de protección del que depende el mundo rural andaluz y extremeño

- ¿Cuántos jornaleros hay en España? Según cálculos sindicales, unos 800.000, de los que 600.000 tienen su residencia en Andalucía y Extremadura.

- ¿Qué es el subsidio agrario? Una prestación por desempleo aprobada en 1984 a la que podían acceder los adscritos al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, que se diseñó exclusivamente para los 600.000 jornaleros de Andalucía y Extremadura por la dependencia de la actividad agraria y las altas tasas de paro en las zonas rurales. Para estar de alta en este régimen, los jornaleros tienen que pagar una cotización a medida, la cartilla agraria (ahora 66 euros al mes). Ésta, además de dar derecho a la prestación por desempleo, les permite acceder a una pensión mínima si acumulan el tiempo de cotización requerido.

El Gobierno cree que el sistema de protección "frena toda iniciativa personal y empresarial"

Apenas un 2% de las expulsiones del subsidio agrario se produce por fraude

El subsidio supone 330 euros mensuales durante un periodo máximo de medio año

- ¿Cuánto se cobra en el subsidio agrario? Si el jornalero está parado y demuestra haber trabajado un número determinado de días en el campo al año (peonadas) tiene derecho a una prestación mensual de unos 330 euros, el 75% del salario mínimo, durante un periodo máximo de seis meses por año.

- ¿Cuántos jornaleros cobran el subsidio agrario? En los últimos años lo cobran unos 300.000 jornaleros andaluces y unos 65.000 extremeños al año. La media mensual oscila entre 220.000 y 240.000 jornaleros. En promedio, estos jornaleros no agotan el periodo máximo de pago, al cobrar el subsidio cinco meses (1.625 euros por jornalero y año en 2001).

- ¿Cuánto se gasta el Gobierno en el subsidio agrario? Para 2003 están presupuestados 925 millones de euros. Todos los jornaleros dados de alta en el régimen especial agrario aportan 66 euros mensuales al sistema.

- ¿Qué es el Plan de Empleo Rural (PER)? Es un programa anual de inversiones (unos 125 millones de euros) que se aprobó junto al subsidio agrario dentro del paquete de ayudas al medio rural andaluz y extremeño. Son inversiones para financiar obras en los pueblos. Los ayuntamientos pueden contratar a jornaleros durante unos días y esas peonadas pueden sumarse a las que echan en el campo para lograr el mínimo que se exige en el subsidio agrario. En la última reforma de todo el sistema, con el PP ya en el Gobierno central, pasó a llamarse Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (Aepsa). En la actual reforma este plan no se cambia.

- ¿Cuántas reformas del subsidio agrario ha habido? Con el PSOE en el Gobierno central hubo dos. Apenas un año después de que llegara a La Moncloa, el PP hizo la suya, con Javier Arenas al frente del Ministerio de Trabajo. Los populares, a pesar de lo dicho cuando estaban en la oposición, centraron su reforma en los mismos asuntos que los socialistas: las peonadas mínimas para acceder al subsidio agrario (bajaron de 40 a 35), cursos de formación para diversificar la actividad e iniciativas para luchar contra el fraude. Como en casos anteriores, la reforma fue fruto de un acuerdo con los sindicatos, tras una campaña de movilizaciones.

- ¿Cuánto fraude hay? En los primeros años de aplicación del subsidio agrario se conocieron múltiples casos de fraude. Empresarios agrarios firmaban peonadas falsas o a nombres distintos de la persona que trabajaba. Varios ayuntamientos, en etapas de crisis económica, hicieron lo propio con las peonadas del PER, para garantizar una renta mínima a sus vecinos. En pocos casos la cuantía económica fue abultada y los mecanismos de control se reforzaron. Los sindicatos, que piden aún más inspecciones en el campo, rechazan hoy que sea una práctica generalizada y asimilan el nivel de fraude al de otros sistemas públicos de protección. Apenas un 2% de las expulsiones del subsidio agrario se produce por sanciones por fraude.

- ¿Cuál fue la reforma del decretazo? En el decreto que aprobó el 27 de mayo de 2002, el Gobierno impidió la entrada de nuevos perceptores al sistema de subsidio agrario al poner como condición que los jornaleros tenían que demostrar que lo habían cobrado en alguno de los últimos tres años (2001, 2000 y 1999). Además, se endurecieron los requisitos administrativos para permanecer en el sistema: ahora hay que acreditar que no pasan más de 90 días sin echar una peonada y se pierde el derecho a cobrar el subsidio si se trabaja más de tres meses en otro sector.

- ¿Cuáles fueron las razones de la reforma? El Gobierno aseguró que no la hacía por razones de gasto público, sino porque el subsidio agrario es un sistema que "frena toda iniciativa personal y empresarial, creando una cultura que impide un desarrollo competitivo". También adujo que entre 1984 y 2001 había aumentado el número de perceptores en 65.000 personas, en provincias en las que los índices de desempleo se habían recortado. Los sindicatos opusieron que el aumento, que no consideraban tan alto, se debía fundamentalmente a la incorporación de la mujer al trabajo en el campo. Y recordaron el efecto beneficioso del subsidio para evitar el despoblamiento del campo en Andalucía y Extremadura, aunque también apostaban por acercar su sistema de prestación al régimen general.

- ¿Qué prestación por desempleo les queda a los jornaleros que se quedan sin subsidio agrario? En el decretazo, el Gobierno aprueba un nuevo sistema contributivo (renta activa de inserción), asimilable al régimen general que hay para el resto de sectores, al que se deben acoger los jornaleros andaluces y extremeños que no pueden acceder o mantenerse en el subsidio agrario y al resto de jornaleros españoles, sin ningún tipo de prestación hasta ahora. Ese sistema supone que para tener derecho a una prestación por desempleo de tres meses (que varía en virtud de lo cotizado), hay que haber trabajado 360 días, entre los que pueden contar los trabajados en otros sectores.

- ¿Por qué rechazan los sindicatos el nuevo sistema propuesto en el decretazo? Argumentan que es un sistema injusto porque exige 360 días trabajados para tener derecho a una prestación de tres meses, cuando en el régimen general esos 360 días son de cotización (incluye los días festivos) y da derecho a una prestación de cuatro meses. Plantean que el periodo de cotización tendría que ser mucho menor, dado que la media anual de trabajo agrícola no supera las 70 jornadas, y que aceptar trabajo en otros sectores, en muchos casos, sólo es posible si se emigra a zonas urbanas. Y que es el jornalero el que debe elegir si quiere el subsidio agrario o incorporarse al nuevo sistema. Su exigencia era y es restituir la situación a su estado anterior y sólo entonces negociar ese sistema alternativo.

- ¿Cuántos jornaleros han quedado fuera del subsidio agrario tras la reforma? Según datos del Inem, en septiembre se pagaron 15.000 subsidios menos que el mismo mes del año anterior, sin la reforma. Esta cifra no registra cuantas peticiones de nuevos perceptores se han denegado a pesar de contar con las 35 peonadas que antes se exigían. No hay más datos, aunque el secretario general de UGT, Cándido Méndez, vaticinó el domingo que la reforma reducirá en un 40% los perceptores del subsidio agrario en 2003.

- ¿Qué pasa con los jornaleros parados que no puedan cobrar ya el subsidio agrario ni acumulan días trabajados suficientes (360 días) para beneficiarse del nuevo sistema? El Gobierno utilizó el trámite de adaptación del decreto en ley, en octubre, para modificar varios aspectos a los que los sindicatos se habían opuesto. La única de las demandas sindicales que no se aceptó fue lo concerniente al subsidio agrario. En la ley, el Gobierno sólo recogió una propuesta del PP andaluz para los jornaleros que quedan fuera del subsidio agrario. Pagarles, una sola vez, una renta de inserción activa, una ayuda asistencial de cuantía equivalente al subsidio agrario: un 75% del salario mínimo durante un máximo de seis meses. Además, se comprometió a diseñar un plan personal de inserción laboral para cada jornalero parado.

- ¿Cuál fue la postura de los sindicatos sobre el subsidio agrario tras la marcha atrás global del Gobierno en el decretazo? Los sindicatos siguieron con las movilizaciones para conseguir que la marcha atrás del decretazo afectara también al subsidio agrario. El 1 de diciembre concentraron a 200.000 personas en Sevilla para pedir la restitución del subsidio agrario y sólo después negociar un sistema similar al del régimen general.

- ¿Qué propusieron los sindicatos y Zaplana para desbloquear el conflicto? El pasado sábado, tras varias reuniones en noviembre y diciembre, los sindicatos ofrecieron que la restitución del subsidio agrario fuese temporal (un año, en principio), mientras se negocia un acuerdo sobre un sistema alternativo. Zaplana ofreció que los jornaleros que cumplen con los requisitos para cobrar el subsidio (35 peonadas), pero que no puedan hacerlo por la reforma, tengan la posibilidad de solicitar la renta de inserción activa todos los años y no sólo uno, como dice la ley. Avisó de que endurecería el control sobre el cobro de esa renta, que se condiciona, como en otras ayudas, a que los jornaleros acepten los cursos de formación y puestos de trabajo que el Inem pueda ofrecerles.

- ¿Cuáles fueron las respuestas de ambos? Zaplana se negó a prorrogar el subsidio agrario un año para negociar un nuevo acuerdo. Los sindicatos rechazaron la renta de inserción activa, "el nuevo subsidio", según el ministro, porque lo consideran una ayuda asistencial, que depende del criterio de la Administración. UGT y CC OO señalan que el subsidio agrario es un pago de origen contributivo (los jornaleros pagan una cartilla agraria a cambio de unas prestaciones), que también da derecho a cobrar una pensión. El ministro aseguró que esto no era "una oferta, sino una decisión". Y los sindicatos anunciaron huelga general en el campo andaluz y extremeño para el 20 de febrero.

Varios trabajadores del campo recolectan aceituna en una finca de El Coronil (Sevilla). / GARCÍA CORDERO

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