Homs anuncia una paga extra para las pensiones bajas antes de las elecciones

Los pensionistas catalanes tienen motivos para desear que haya elecciones autonómicas cada año. Pocos meses antes de las últimas, en septiembre de 1999, las 70.000 personas que cobraban una pensión no contributiva o asistencial recibieron una paga extra aprobada por el Gobierno de Jordi Pujol. Ayer, el consejero de Economía, Francesc Homs, anunció que prepara repetir la operación al final de esta legislatura. Con el mismo argumento que entonces: compensar la diferencia del coste de la vida entre Cataluña y el resto de España.

Homs explicó ayer en los pasillos del Parlament que el conseller en cap, Artur Mas, tiene en estudio la posibilidad de "compensar el diferencial de la inflación" a los pensionistas que cobran pensiones no contributivas. En la actualidad, dijo Homs, la diferencia de la inflación interanual entre Cataluña y el conjunto de España está situada en el 0,1%.

El consejero agregó que será al final de la legislatura cuando se decidirá si la diferencia justifica una compensación o no. En 1999, el Gobierno de Pujol tomó el año 1995 como base y compensó una diferencia de 2,5 puntos, lo que dio lugar a un complemento, por una sola vez, de 7.800 pesetas para las pensiones no contributivas y de 5.500 pesetas para las pensiones asistenciales.

La pretensión del Gobierno catalán fue duramente criticada ayer por la oposición, que la considera un gesto destinado a rebañar votos entre los jubilados. El Gobierno de CiU se acuerda de los pensionistas "sólo cuando llegan las elecciones", afirmó el portavoz del grupo parlamentario del PSC-Ciutadans pel Canvi, Joaquim Nadal. El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Parlament, el diputado Josep Huguet, lo calificó de acto "vergonzoso". También el PP considera que, tal como ha sido planteada, esta medida es "electoralista".

Nadal desafió al Gobierno catalán a que, si realmente considera que existen motivos para compensar regularmente a los jubilados por la diferencia de inflación entre Cataluña y el resto de España, "estabilice esta medida y la aplique cada año", en vez de recurrir a ella sólo cada cuatro años, y precisamente cuando se acercan las elecciones.

En la anterior ocasión, esta compensación para las pensiones más bajas fue acordada por el Gobierno de Pujol el 31 de agosto y los pensionistas la cobraron a finales de septiembre. Las elecciones autonómicas se celebraron tres semanas después, el 15 de octubre.

Que cuatro años después se prepare la repetición de la jugada llevó ayer a Nadal a afirmar que "si el Gobierno no es capaz de estabilizar esta medida, se trata sólo de un regalo para llegar a las elecciones en condiciones favorables". Huguet sostuvo que si se mantiene la excepcionalidad de esta compensación, merece el calificativo de "aguinaldo". Recordó que en 1999 el Gobierno de CiU "pasó el platillo para obtener los votos de los abuelos". Y debe tenerse en cuenta que en elecciones tan reñidas como están resultando las autonómicas, el valor de estos votos puede ser decisivo. En 1999 CiU ganó las elecciones autonómicas porque obtuvo un escaño más que la plataforma impulsada por Pasqual Maragall, aunque recibió menos votos que ésta.

Sin embargo, tanto Nadal como Huguet se manifestaron a favor de que se compense la diferencia de inflación. Nadal dijo que los socialistas la considerarán "bienvenida" si esta paga se estabiliza. Y Huguet recordó que su grupo parlamentario ha presentado en varias ocasiones enmiendas para incluir estas compensaciones en los presupuestos de la Generalitat, como ha hecho también en el proyecto de presupuestos para 2003, que estos días se debate en el Parlament.

La posibilidad de incluir esta medida en los presupuestos de 2003 fue planteada por el Gobierno de CiU al grupo parlamentario del PP, en el marco de las negociaciones para pactar el apoyo a las cuentas de la Generalitat. Pero el PP rechazó también la medida "por su carácter electoralista", según explicó ayer el presidente de su grupo parlamentario, Alberto Fernández Díaz.

Los conservadores dudan, además, de que exista base legal suficiente para dar esta paga y echan en falta que el Gobierno acompañara la oferta con un cálculo de su coste económico.