Piñata a la catalana
Pasqual Maragall apuntaba el otro día como, en estos últimos meses de gobierno de Jordi Pujol, se estaban observando claras maniobras de Convergència i Unió (CiU) para, en previsión de la posible pérdida de las próximas elecciones, dominar determinadas instancias clave de poder en la sociedad catalana que hasta ahora se le habían escapado. En concreto se refería a las burdas y zigzagueantes maniobras revestidas de legalidad para vulnerar la autonomía de La Caixa -de las que EL PAÍS ha dado una excelente información-, los intentos de dominar el Barça o de influir todavía más en La Vanguardia.
Ciertamente, las palabras de Maragall no eran infundadas. El miedo a perder las próximas elecciones autonómicas está produciendo comprensibles escalofríos en las filas convergentes. Piénsese que una derrota electoral conduciría al partido que ha gobernado la Generalitat durante 22 años a una auténtica catástrofe: sólo conservaría una importante minoría de diputados y senadores en las Cortes, una también importante minoría de parlamentarios en Cataluña, alguna diputación provincial de importancia menor, algún ayuntamiento mediano y muchos pequeños; y, eso sí, gracias a una ley electoral contraria al principio democrático de un hombre, un voto, una mayoría de consejos comarcales. Pero, en cambio, perdería todo el grueso de su actual poder: el Gobierno de la Generalitat y todos los altos cargos políticos de la Administración pública catalana, además de los numerosos ocultos asesores que la consejera Gispert se niega a revelar al Parlament infringiendo así el deber de informar que la Constitución impone a las administraciones.
No querer perder el poder es normal y legítimo, pero el vértigo que produce pensar en la posibilidad de llegar a esta situación no debe dar lugar a abusos e ilegalidades. Abusar de las palancas que da el poder para controlar la sociedad -sean instituciones financieras, medios de comunicación, entidades deportivas o mutuas sanitarias- es comportarse de una forma democráticamente inaceptable. Pero hay algo todavía peor: ejercer el poder público de manera discriminatoria, anteponiendo los intereses partidistas a los generales, incumpliendo principios básicos de un Estado de derecho como es el de la neutralidad y eficacia de la Administración.
Me estoy refiriendo a lo que, en términos coloquiales, podríamos calificar de cacicada legal, con todo el aroma de una flagrante inconstitucionalidad; ¡qué les voy a explicar a ustedes! La ley catalana 7/1996, de 15 de julio, regula el cuerpo de abogados de la Generalitat. La función de estos letrados es la de asesoramiento técnico-jurídico de las actuaciones de nuestra institución de autogobierno y defensa contenciosa de sus intereses. Debe ser, por tanto, un cuerpo administrativo de personas muy bien preparadas en derecho, por lo cual su acceso debe controlarse de un modo riguroso para que garantice el mérito y la capacidad de sus miembros. Así lo prevé con carácter general su ley reguladora, que establece que se podrá formar parte del mismo a través del sistema de oposición libre entre licenciados en derecho.
Ahora bien, este sistema general de acceso tiene sus excepciones. Una primera, relativamente razonable, es que hasta un máximo del 25% de las plazas libres ofertadas pueden ser cubiertas por un sistema de promoción interna tras pasar un concurso oposición que debe ser resuelto por el mismo tribunal del turno libre. La segunda excepción, razonable también, permitió que aquellos que hasta la constitución del cuerpo de abogados ya venían desempeñando funciones de asesoría y defensa jurídicas pasaran a integrarse en dicho cuerpo. Ello resultaba lógico dado que habían demostrado sus conocimientos jurídicos a lo largo de los muchos años de relación funcionarial con la máxima institución catalana y habían aprobado en su momento las pruebas de ingreso en el funcionariado. En todo caso, esta vía singular no fue utilizada, al parecer, para integrar en el cuerpo de abogados a letrados procedentes de cargos políticos.
Sin embargo, como el plazo para esta integración directa se agotaba a los cinco años de la entrada en vigor de la ley, es decir, en julio del 2001, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del año pasado amplió las plazas del cuerpo de abogados y dispuso que durante el año 2002 seguiría vigente el procedimiento de integración directa en parecidos términos, pero añadiendo a los que se podían presentar a dicha integración los altos cargos de los que dependen las asesorías jurídicas: secretarios generales de los departamentos, directores o cargos similares y delegados territoriales de la Generalitat, es decir, cargos puramente políticos a los que, en el supuesto de perder las elecciones autonómicas, se les asegura que continuarán, en este caso como funcionarios, con un puesto de trabajo estable.
En definitiva, por el simple y frecuente hecho de ser licenciado en derecho, a numerosos cargos políticos, sin haber ejercido nunca como letrados, se les permite acceder al cuerpo de abogados de la Generalitat por una simple decisión política, sin haber acreditado el requisito constitucional indispensable de mérito y capacidad a través de pruebas objetivas. El plazo para esta adscripción, con todos los visos de una inconstitucionalidad flagrante, finaliza el próximo día 31 de este mes, y rumores más que fundados indican que se han presentado como candidatos conocidos altos cargos del Gobierno y de CiU.
La cacicada está, pues, a punto de consumarse. En Nicaragua, durante las últimas semanas de gobierno sandinista, los que perdieron el poder se apoderaron de bienes y prebendas cuyo único título de pertenencia era el cargo que durante la "revolución" habían ocupado. No sé por qué razón, a esa usurpación de bienes se le llamó "piñata". ¿Estamos asistiendo a una piñata a la catalana por el miedo a perder de CiU? Controlemos -es decir, controlen, por favor, señores de la llamada oposición- a este Gobierno. ¿No tenía Nicaragua, aun la sandinista, los hábitos tradicionales de una república bananera? Sin duda alguna. Controlen, precisamente, por eso.
Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.
