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Una multinacional gestionará la clínica de la Concepción

Sanidad ultima un nuevo concierto con el centro, al que aportará 1.200 millones hasta 2012

La empresa IDC, de capital norteamericano, gestionará entre 2003 y 2012 la clínica de la Concepción, ahora en quiebra con una deuda que supera los cien millones de euros. IDC aterrizará en la Concepción con la promesa de saldar las deudas del centro e invertir otros 36 en cinco años. A cambio, se quedará con el 95% de los beneficios que genere la clínica en diez años y gestionará los 1.200 millones de euros que el Gobierno regional aportará al centro hasta 2012. El candidato del PSOE a la Comunidad, Rafael Simancas, califica el acuerdo de "fenomenal regalo" a IDC.

Simancas considera que "la Consejería de Sanidad sigue adelante con sus planes de privatizar todo lo que pueda en la sanidad madrileña". "Le da igual regalar a una multinacional una institución histórica como es la clínica de la Concepción", añadió Simancas. Éste aseguró que la clínica debería ser "integrada en la red pública de hospitales porque no tiene sentido que la Comunidad aporte tantos millones de euros para que se lucre una multinacional".

El futuro de la clínica de la Concepción se está gestando durante estos días en los despachos del propio centro, de IDC y de la Consejería de Sanidad, con unas negociaciones que culminarán en los próximos días con la firma de dos acuerdos fundamentales para la supervivencia de la Concepción. Estos pactos deben permitir superar la crisis económica que vive este centro privado, que destina 500 de sus 600 camas a atender pacientes de la sanidad pública.

El primero de estos acuerdos cede la gestión de la clínica a IDC durante los próximos diez años a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) que estará formada la Fundación Jiménez Díaz (propietaria de la Concepción) y por Ibdycsa (una empresa propiedad de IDC que fue creada el pasado 7 de junio con un capital de 3.006 euros). Esta UTE estará controlada por IDC, que tendrá mayoría en los órganos de decisión.

El segundo acuerdo ahora en negociación es el concierto que la clínica firmará con la Consejería de Sanidad. El concierto es el instrumento jurídico con que la Comunidad paga al centro la atención médica que presta a 280.000 madrileños. El nuevo concierto, según el último borrador, prevé que el Gobierno regional inyecte en 2003 un capital de 92.057.000 euros. Esta cantidad será incrementada anualmente con el índice de precios al consumo (IPC) más un 2%. Además, durante 2004 y 2005, el concierto será incrementado en otro 3% por cada uno de los dos años. Estas cantidades significan que, con un crecimiento anual del IPC del 3% en la próxima década, el importe del concierto en 2012 sería de 151 millones de euros y el total del acuerdo ascendería a 1.216,7 millones (200.000 millones de pesetas).

Consejo de Gobierno

El nuevo concierto debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno regional. El consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, tiene intención de presentar el acuerdo al Gobierno antes de fin de año, según fuentes de la consejería.

Paralelamente a la negociación del concierto, la gerencia de la clínica y los responsables de IDC ultiman los estatutos que regularán el funcionamiento de la UTE. Estos estatutos dan a la UTE una vida de 10 años, el mismo periodo de tiempo de vigencia del concierto.

La responsabilidad máxima de la gestión de la clínica recaerá sobre un comité de gerencia formado por miembros de la Fundación Jiménez Díaz y de la empresa filial de IDC. La composición de este comité, aún en discusión, estará dominada por IDC, que tendrá mayoría en decisiones como la elección del gerente del centro o las de tipo económico, según documentos en poder de EL PAÍS. Los estatutos de la UTE establecen también que los beneficios obtenidos por la clínica en cada ejercicio sean repartidos del siguiente modo: el 95% para IDC y el 5% restante para la fundación.

Esta proporción en los beneficios y el hecho de que la clínica sea controlada por IDC han generazo rechazo en algunos miembros de la clínica. Éstos temen que IDC "pueda beneficiarse mucho, ya que el dinero que aportará la Comunidad es suficiente para pagar la deuda e inversiones". "Si Sanidad aporta 100 millones al año, la clínica puede sobrevivir sin IDC", aseguran fuentes de la clínica.

Víctor Madera, consejero delegado de IDC, sostiene que esto no es así. "La Concepción está en quiebra, sin capacidad de negociar con sus proveedores. Nosotros invertiremos el dinero comprometido y saldaremos la deuda", asegura Madera. En términos parecidos se expresó Ricardo Herranz, gerente del centro.

La Consejería de Sanidad, por su parte, declinó opinar sobre el acuerdo entre IDC y la clínica, ya que éste es entre dos "entidades privadas". Sin embargo, fuentes de la clínica critican que el proceso está siendo pilotado desde la propia consejería. Estas fuentes ponen como ejemplo la reunión celebrada la pasada semana en la sede de la Consejería de Sanidad. A ella asistió la plana mayor de Sanidad -el consejero Echániz, el viceconsejero Alfredo Macho y la directora del Servicio Madrileño de Salud, Carmen Navarro- y los miembros del Patronato de la Fundación Jiménez Díaz.

En el encuentro, según las mismas fuentes, los responsables de Sanidad presionaron a los patronos reticentes al acuerdo para que lo suscribieran. Los estatutos de la fundación establecen que la mayoría de su patronato, compuesto hoy por tres miembros -el presidente del patronato, Julio Rodríguez Villanueva; el gerente, Ricardo Herranz; y el director médico, Fernando Martín Calderín- debe dar su apoyo a la creación de la UTE.

Dos procesos abiertos

La clínica de la Concepción mantiene en estos momentos dos procesos judiciales abiertos. Uno de ellos es la demanda interpuesta por el antiguo equipo gestor contra el Insalud. La Concepción demandó al Insalud (responsable de la gestión de la sanidad pública hasta el pasado año) por haberle dejado de pagar 50 millones de euros en los últimos tres años, algo que el Insalud siempre ha negado. Ricardo Herranz, actual gerente de la Concepción, declaró ayer que el proceso sigue en marcha "sin ninguna novedad".Más avanzadas están las negociaciones con los proveedores para saldar la deuda de 57 millones que la clínica mantiene con ellos. La clínica se declaró en suspensión de pagos el pasado 27 de diciembre, incapaz de pagar las facturas de las medicinas y los materiales sanitarios que necesitaba para atender a los pacientes. Los responsables del centro utilizaron una fórmula jurídica llamada quita y espera. Ésta supone que los acreedores aceptan cobrar una cantidad inferior a la adeudada y hacerlo años más tarde de lo establecido inicialmente. Según Herranz, las negociaciones con los proveedores están muy avanzadas y podrían concluir con una quita del 19% y una espera de entre tres y cuatro años.La Concepción mantiene otra deuda de unos 60 millones de euros con la Seguridad Social y Hacienda, según aseguró Herranz.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de diciembre de 2002

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