La Ley de Seguridad de los ediles amplía su consenso con el PNV

La proposición de Ley de Seguridad de los concejales amenazados por el terrorismo contará con un amplio consenso en su votación final en el Congreso. El PNV se sumará al texto presentado por el PP y el PSOE, que ya dispuso, en su toma en consideración, del apoyo de CiU, IU, Coalición Canaria y la mayoría del Grupo Mixto. Así lo anunció ayer Josu Erkoreka al presentar las enmiendas parciales al texto.

Pese a las reticencias iniciales del PNV a la proposición de Ley de Seguridad de los concejales, promovida por el PP y el PSOE, al final cambiará su abstención de la toma en consideración, del pasado 29 de octubre, por el voto favorable al conjunto de la ley. En la decisión del PNV ha pesado de modo definitivo que la ley recoge buena parte de las medidas que promovió en la Mesa de Arkaute o Mesa de Seguridad del País Vasco frente a sus recelos hacia la norma por estar promovida desde el Pacto Antiterrorista.

La reforma -que alterará las leyes de Enjuiciamiento Criminal, de Régimen Electoral, de Financiación de Partidos, de Régimen Local, de Fuerzas de Seguridad del Estado y del Código Penal- permite aumentar la seguridad de los concejales, amenazados por ETA,con medidas como: endurecimiento del Código Penal para castigar calumnias, injurias o coacciones a concejales; prohibición de cualquier información particularizada sobre datos personales contenidos en el censo electoral; los interventores podrán pertenecer a otra circunscripción electoral distinta a la que se celebran los comicios; los condenados por delitos de rebelión o terrorismo, aunque la setencia no sea firme, no podrán ser elegidos; el Consejo de Ministros podrá disolver los ayuntamientos que enaltezcan o justifiquen el terrorismo.

El PNV apoyará la ley globalmente. Al ser orgánica, podrá abstenerse o rechazar aquellos apartados, cuyas enmiendas no hayan sido tenidas en cuenta. Entre ellas destaca su rechazo a la posibilidad que introduce la ley de que el Gobierno disuelva corporaciones locales cuando éstas den cobertura al terrorismo o menosprecien a sus víctimas. El PNV sostiene que esta decisión compete a los tribunales.

Personas condenadas

También rechaza la supresión de la financiación pública a partidos que justifiquen el terrorismo o que en sus órganos directivos figuren personas condenadas por este delito, aunque no sea en sentencia firme. A juicio de Erkoreka, el Código Penal ya tipifica la prohibición de entregar fondos a "asociaciones que son delictivas" y prevé sanciones, como su disolución.

La asunción por parte del Gobierno de esta competencia es, a juicio de Erkoreka, una lesión al "principio de separación de poderes".

A la posibilidad que abre la ley de que las policías autonómicas y municipales puedan desempeñar su función, generalmente tareas de escolta, fuera de la región o municipios respectivos, el PNV añade que se respete el régimen competencial vigente y pide que se comunique, además de al Ministerio del Interior, a las autoridades autonómicas.

IU, que también apoyará la ley en su globalidad, ha presentado algunas enmiendas coincidentes con las del PNV como el rechazo a que el Gobierno pueda disolver ayuntamientos o a que le sea retirada la financiación pública a un partido legal. En el caso de aquellos partidos, como Batasuna, que estén inmersos en un procedimiento de ilegalización penal o en el de la Ley Orgánica de Partidos, resalta Gaspar Llamazares, su coordinador general, debe ser la autoridad judicial la que decida qué se hace en tanto dure el procedimiento.

También rechaza IU la posibilidad que concede la ley de privar de integrar en listas electorales a personas que aún no han sido condenadas por sentencia firme.

CiU hace especial hincapié, en sus enmiendas, a que sea el Gobierno de la comunidad quien decida sobre la posibilidad de disolver ayuntamientos que incurren en apoyo del terrorismo en contraste con el texto de la ley, que limita la competencia al Consejo de Ministros. Manel Silva estima que, de lo contrario, se merman competencias de los Ejecutivos autonómicos.

PP y PSOE presentaron ayer enmiendas de mero contenido técnico. Las enmiendas serán negociadas en los próximos días, aunque el "margen de maniobra será muy escaso", según fuentes de estos dos partidos. La ley se aprobará de forma definitiva en las próximas semanas, con la pretensión de que entre en vigor antes de las elecciones municipales.