De fraudes inmobiliarios

¿Puede haber quien se extrañe de los fraudes inmobiliarios como el de la promotora CPV en los PAU del norte de Madrid? Ésta es la impresión que tengo del mercado inmobiliario madrileño, tras meses de búsqueda de un apartamento en fase de barbecho: Constructores, mal llamados empresarios que, careciendo de la preceptiva licencia para construir y vulnerando la ley, exigen a la hora de formalizar contratos cantidades que rondan el 10% del precio total de la vivienda (de lo que en dos años será la vivienda), y que tampoco ofrecen los avales bancarios que les son exigibles para garantizar las cantidades que se les entregan.

Inmobiliarias de renombre, intermediarios en el negocio, que no se responsabilizan de exigir dichos requisitos legales y que venden pisos "a todo trapo", cobrando gastos por sus gestiones, que son, por lo que se ve, enseñar los planos.

Compradores de un bien de primera necesidad como la vivienda que, ante el panorama, nos dirigimos ante la correspondiente Junta Municipal de distrito, que nos confirman la ausencia de licencia de obra, pero que no dan detalle del expediente, porque parece ser que dicha información vulneraría la privacidad de la empresa constructora.

Y yo me pregunto: ante esta falta de trasparencia y de información pública en el mercado inmobiliario, ¿quién nos protege a los ciudadanos que compramos una vivienda para vivir en ella? ¿Cuáles son las responsabilidades del Gobierno, de la Comunidad, del Ayuntamiento de Madrid, que tienen la obligación de velar por la seguridad jurídica de los que compran un apartamento aunque sea en barbecho?