El gasto de la Generalitat en seguridad privada se multiplica por cinco desde 1999

El gasto en vigilancia privada de la Generalitat de Cataluña se multiplicó por cinco entre los años 1999 y 2001, y pasó de 350 a 1.775 millones de pesetas. El Departamento de Interior asegura que ese incremento se debe a que los vigilantes de seguridad han asumido en este tiempo la custodia de edificios públicos, que antes correspondía a los Mossos d'Esquadra, para que los agentes puedan dedicarse a otras funciones. Interior también recuerda que cada vez han de vigilarse más dependencias. Los partidos de la izquierda censuran lo que consideran una privatización de un servicio público.

Los gastos anuales en empresas de vigilancia privada que prestan sus servicios en los departamentos de la Generalitat y en los organismos de la Administración catalana han sido recabados en los últimos tres años por el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Ridao en las preguntas parlamentarias que ha realizado de manera periódica al Gobierno catalán. Esa información oficial revela que en el año 1999 el gasto fue de 350,1 millones de pesetas (1.645.270 euros). En el año 2000 la cifra aumentó considerablemente, hasta situarse en 1.645 millones de pesetas (9.890.265 euros), y el año pasado el incremento fue mucho menor, y la cantidad, de 1.775 millones de pesetas (10.671.677 euros). Con toda probabilidad este año seguirá aumentando el gasto, según anunció un portavoz de la policía autonómica, Interior ha optado por seguir contratando vigilantes privados para liberar a los Mossos d'Esquadra de la vigilancia de edificios públicos.

"Formar a un policía cuesta dos millones de pesetas y no parece razonable destinar un agente a esas labores si se puede garantizar el servicio de vigilancia con menos dinero y así se liberan policías para otras funciones", asegura el mismo portavoz del cuerpo policial. Por el contrario, el diputado de ERC Joan Ridao entiende que "es muy discutible, con la ley en la mano, que se diga que si los Mossos custodian edificios públicos se están malgastando efectivos y que se debe dar prioridad a otros frentes". En su opinión, el aumento del gasto en vigilancia privada evidencia que "hay una creciente privatización de todos los servicios que presta la Generalitat, incluida la seguridad".

Según cifras facilitadas por la propia policía autonómica, en el año 1999 había 293 agentes encargados de la vigilancia de edificios públicos. Al año siguiente quedaron en 269 y en marzo de 2001 eran 227, porque fue entonces cuando los Mossos dejaron de vigilar 12 departamentos de la Generalitat y el Síndic de Greugues, entre otras dependencias. El Departamento de Justicia e Interior, situado en la calle de Pau Claris, es el único que custodia ahora la policía autonómica.

Actualmente hay 238 agentes custodiando edificios públicos, pero a primeros del próximo año quedarán reducidos a 200 porque la policía autonómica dejará de vigilar algunos edificios simbólicos, como la Dirección General de Seguridad Ciudadana, en el paseo de Pujades de Barcelona, y la sede central de los Mossos, en la calle de Bolívia. Con la reducción, los Mossos sólo custodiarán los tres edificios más simbólicos -el Palau de la Generalitat, el Parlament y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña-, además de la Fiscalía de Menores y otros tres edificios judiciales en la ciudad de Barcelona. La sala de gobierno del TSJC se manifestó hace dos años en contra de que la custodia de los edificios judiciales se encargue a vigilantes privados.

Vigilancia de cárceles

Los Mossos d'Esquadra también custodian las prisiones de Cataluña, en cuya vigilancia se emplean ahora más de 800 policías. Xavier Pomés, consejero de Interior hasta hace unas semanas, anunció en el verano de 2000 la intención de la Generalitat de ir retirando progresivamente a los Mossos de la vigilancia de las cárceles.

El mismo portavoz de la policía autonómica recuerda también que en los últimos tres años se ha incrementado la presencia de vigilantes privados en centros de asistencia primaria y hospitales que antes carecían de ella y que en este tiempo se han instalado cámaras y filtros de seguridad donde antes no existían.

En esta línea, el diputado del PSC para cuestiones de Interior, Marc López, considera que "muchos edificios públicos se podrían vigilar con sistemas informáticos y tecnológicos. El problema es que no hay un compromiso entre seguridad pública y privada". López reconoce, sin embargo, que "es verdad que un mosso cuesta mucho dinero al erario público como para que se pase su jornada vigilando una cárcel, pero el problema es que el despliegue está mal planteado".