Las agencias de viajes denuncian a Interior el transporte ilegal de inmigrantes rumanos

El aumento de la inmigración irregular procedente de Rumanía, que entra en España principalmente por carretera, ha sido denunciada ante el Gobierno en los últimos 15 días por las agencias de viajes, por los transportistas autorizados para explotar líneas regulares entre ambos países y hasta por Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña, la primera comunidad autónoma que atraviesan los extranjeros. Unos y otros piden la restauración para los ciudadanos del país balcánico del visado de entrada, que fue suprimido tras su candidatura para entrar en la UE.

El presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viaje, José M. Maciñeiras, remitió el pasado 30 de septiembre una carta al director general de Extranjería e Inmigración, Manuel Pérez, en la que denunciaba que la llegada de rumanos constituye 'una situación anómala y lamentable' y solicitaba como 'medida mínima a adoptar con urgencia' la restauración del visado. Al día siguiente, los transportistas autorizados para explotar líneas regulares entre España y Rumanía se reunían con responsables del Ministerio de Fomento para exigirles que pusieran fin al tráfico de microbuses y autocares ilegales entre Madrid y Bucarest. Una semana antes, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ya había expresado su preocupación sobre este asunto al Ministro del Interior, Ángel Acebes, según confirmaron fuentes de su departamento.

La colonia rumana en España ronda las 100.000 personas, de las que 40.000 habrían llegado ilegalmente a lo largo de este año, según los datos que manejan las agencias de viajes. Desde hace meses, los rumanos no necesitan visado para entrar en la Unión Europea (UE), ya que su país es uno de los candidatos a la integración. Transportistas y agentes de viajes opinan que eso ha provocado la avalancha de personas en busca de una vida mejor.

Portes ilícitos

En una durísima carta remitida al director general de Transportes por Carretera, Juan Miguel Sánchez, el pasado 4 de septiembre, el presidente de la Asociación Ares-Españoles en Rumanía, Félix Ducha, le reprochaba: 'Resulta vergonzoso ver todos los domingos por la mañana, en la zona del [madrileño] Paseo de la Castellana próxima a la Plaza de Castilla [es decir, a escasos metros de su despacho oficial y de la dirección de Transportes de la Comunidad de Madrid], una concentración de furgonetas rumanas que realizan ilícitamente actividades regladas en nuestra normativa de Ordenación de los Transportes Terrestres, recepcionando paquetes de forma pública y vendiendo servicios de transporte de viajeros desde España a Rumania sin ningún tipo de autorización y en incumplimiento absoluto de nuestra normativa'.

El domingo 29 de septiembre fueron observados en esa zona, entre las 11.30 y las 13.00, 18 microbuses y dos autocares. Esos vehículos no sólo se dedican al transporte de personas. Una buena fuente de sus ingresos procede del transporte de mercancías. Cobran un euro por kilo. El servicio suele ser utilizado por rumanos que viven en España y quieren enviar objetos a sus parientes en Bucarest o Brasov o Sibiu. Cada autocar arrastra un remolque del tamaño de una furgoneta, repleto de cajas que, por lo general, contienen electrodomésticos, aunque los transportistas españoles son suspicaces en este punto: 'Los pesan en una balanza de baño y nadie los controla', aseguran.

José Manuel Martiarena es el responsable de Autocares Iparraguirre, una de las seis empresas autorizadas para transportar viajeros entre España y Rumania. Está desolado. 'De Madrid a Bucarest no rascamos bola, porque los autocares piratas cobran entre 30 y 50 euros por viajero, mientras que nuestra tarifa está en torno a 150 euros', se lamenta. 'Tenemos serios problemas para rentabilizar las inversiones. Se trata de un caso claro de competencia desleal'.

En realidad, el viaje de ida y vuelta viene acostar lo mismo en las líneas legales y en las ilegales: 300 euros. Pero mientras el de ida sale en las ilegales por unos 50 euros, el de vuelta cuesta 250. La razón hay que buscarla en la ley de la oferta y la demanda. Los autocares y furgonetas que circulan desde Madrid hacia Rumania van casi vacíos. Los de vuelta, en cambio, vienen repletos.

Martiarena afirma que muchos viajeros son traídos a España como falsos turistas: 'Las empresas piratas les proporcionan los 600 euros necesarios para pasar por tales, y nada más llegar a Madrid les obligan a devolverlos con intereses'.

El propietario de Autocares Iparraguirre se pregunta si los conductores de esos microbuses trabajan legalmente: 'Creemos que no cumplen las normas de descansos y sustituciones. De otro modo no se explica que hagan 3.300 kilómetros en sólo 54 horas'.

El presidente de Ares-Españoles en Rumania, Félix Ducha, va más allá: 'Ninguna de esas empresas piratas cumple con la normativa europea sobre trabajo de tripulaciones. Varias de ellas han creado centros de trabajo clandestinos y se dedican a actividades auxiliares del transporte, sin las debidas licencias o autorizaciones. Todas incumplen sistemáticamente la normativa española en defensa de los consumidores, y algunas pueden tener vínculos con narcotraficantes y con el transporte de objetos robados en países de la UE'.

El Ministerio del Interior asegura que España devuelve diariamente a 150 rumanos que intentan entrar en España por la frontera con Francia. 'Las autoridades de Bucarest los aceptan a todos. En ese sentido estamos satisfechos', dice un portavoz. 'El problema estriba en el escaso control que ejercen sobre sus fronteras'. El pasado 30 de septiembre, Ángel Acebes expresó a su colega rumano, Ioan Rus, su disposición a estrechar la cooperación policial y a intercambiar especialistas para combatir el tráfico ilegal de personas. Todo quedó en buenas palabras.