El alcalde de Torres tiene dos causas abiertas en los tribunales

El alcalde de Torres de la Alameda, Francisco Acedo Jiménez, del PP, tiene dos causas abiertas en los juzgados de Arganda del Rey. En una de ellas, el PSOE acusa al regidor de un delito continuado contra la ordenación del territorio en la urbanización de un polígono industrial. Acedo también está imputado por un delito contra el patrimonio histórico por permitir la destrucción de una villa romana en el mismo polígono.

Estas dos causas fueron abiertas en 1999 y son anteriores a las investigaciones abiertas por la Fiscalía de Madrid el pasado abril por un presunto cobro de comisiones ilegales. Estas últimas se iniciaron después de que un constructor denunciase al regidor, al edil de Urbanismo y al abogado municipal de exigirle 3,5 millones de euros para que la Comisión de Urbanismo regional diera permiso para hacer 600 chalés y un campo de golf.

Esta última investigación de la fiscalía ha agudizado el enfrentamiento que el gobierno municipal y la oposición socialista mantienen desde hace tres años, una disputa que se dirimirá en los tribunales y que tiene el polígono industrial Pozo de la Fuente como origen del conflicto.

El PSOE acusa al alcalde de haber incumplido reiteradamente las normas municipales de 1993, que establecían el proceso de urbanización del polígono, de 650.000 metros cuadrados, de los cuales casi la mitad son urbanizables.

'El Ayuntamiento era el propietario de casi el 79% del polígono y, según las normas municipales, tenía que expropiar el resto, urbanizarlo y vender luego las parcelas por promoción pública', explica Mercedes Polo, portavoz socialista en Torres de la Alameda. 'Pero, en lugar de expropiar, el Ayuntamiento permitió que la empresa Obhisa comprara algunos terrenos a particulares. Luego entregó a esta empresa parte del polígono a cambio de que fuera ella la que lo urbanizara. El resultado ha sido que hoy Obhisa es propietaria de la mayor parte del polígono', añade Polo.

El alcalde niega la ilegalidad de la operación, y explica: 'No pudimos expropiar los terrenos porque el Ayuntamiento no tenía dinero. Este acuerdo ha servido para que el polígono echara a andar y hoy tenga abierto un gran almacén de una empresa automovilística que ha creado 200 puestos de trabajo. Se ha respetado la legalidad'.

El PSOE presentó una denuncia, el 25 de mayo de 1999, ante la Fiscalía de Madrid, que remitió el caso al Juzgado número 2 de Arganda del Rey. 'Acedo ha cometido un delito continuado contra la ordenación del territorio', explica el abogado de la acusación, José Mariano Benítez de Lugo. Según este letrado, 'Acedo fue a declarar como testigo el 28 de mayo, el fiscal ha apreciado indicios de delito y el juez lo ha citado el próximo 14 de octubre para tomarle la declaración previa a su imputación'.

Yacimientos arqueológicos

Éste no ha sido el único punto de fricción entre el PSOE y el PP. En los terrenos destinados a uso industrial había dos yacimientos arqueológicos estimables (uno de la edad de bronce y otro de la época romana). Este último, 'casi con total seguridad, se trata de una villa romana', según un informe de la Dirección General de Patrimonio.

Una ley regional establece que estos yacimientos deben ser excavados por arqueólogos antes de emprender cualquier edificación que pudiera dañarlos. Pero el Ayuntamiento de Torres de la Alameda dio luz verde al trabajo de las máquinas sin tomar ninguna medida de protección contra los restos.

El resultado fueron 'daños de gran magnitud, especialmente en el yacimiento de la época romana', según Patrimonio. Este informe evaluaba los daños en 90.000 euros, además de la 'pérdida definitiva de bienes arqueológicos de la Comunidad con un valor mucho mayor'.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que investigó los daños, denunció el caso ante el Juzgado número 1 de Arganda. En este proceso, Acedo 'está imputado por presunto delito contra el patrimonio histórico', según el abogado de la acusación. Los socialistas piden en la denuncia que el alcalde sea condenado a dos años de cárcel, sancionado con una multa de 60 euros diarios durante 18 meses y una responsabilidad civil subsidiaria de 180.000 euros. El alcalde admite que 'hubo daños y el Ayuntamiento podría recibir una sanción', pero alega: 'Actuamos con todos los informes técnicos necesarios'.

El director general de Patrimonio, Juan José Echevarría, explicó ayer que el Gobierno regional 'activó el proceso sancionador administrativo contra el Ayuntamiento, pero éste quedó paralizado cuando empezó el proceso judicial, que es de un rango legal superior'.