Depredadores
Se habla mucho de turismo sostenible. Este mismo periódico, días atrás, editorializaba sobre un sector imprescindible para la economía española y alertaba de los peligros futuros. Uno de ellos es el que dijo el presidente andaluz: 'La actividad depredadora' en materia urbanística. Su denuncia y advertencia de que la Junta de Andalucía no permitirá más desmanes llega tarde, pero al parecer ahora va en serio. Manuel Chaves, con mucha tensión en su rostro, añadió que no autorizarán proyectos urbanísticos que deterioren el medio ambiente, con un impacto grave sobre la ecología que reduzca la calidad de vida, sobre todo en el litoral andaluz.
Que Chaves hiciera esta denuncia y advertencia en Málaga era como mentar la bicha. Primero, porque el contencioso abierto con el Ayuntamiento malagueño a costa de las modificaciones en el PGOU, algunas de las cuales son de un descaro especulativo que ni en el franquismo se hubieran hecho. Y, sobre todo, porque en la mayor parte de los municipios de la Costa del Sol, gobernados por populares o socialistas, lo mismo da, cada alcalde pretende hacer de su capa un sayo; o sea, provocar cambios en los planes de ordenación urbana o modificaciones, de las llamadas 'puntuales', que no son precisamente para mejorar la calidad de vida, sino para obtener más ingresos y generar plusvalías que benefician a los especuladores siempre al acecho.
La Junta de Andalucía debe garantizar que no se cometan más tropelías urbanísticas. En esta misma página Ian Gibson alertaba de lo que está pasando en las vegas de Salobreña y Motril, en el litoral granadino, porque el resto ya no tiene solución; ni futuro.
Una parte del litoral andaluz ya es irrecuperable; salvemos, al menos, el que todavía puede ayudar a elevar la oferta de un turismo con calidad de vida, otro de los factores de ponía sobre la mesa el consejero de Turismo, Antonio Ortega cuando reclamaba que su Consejería tuviera un papel activo en la ordenación del territorio turístico. Dejar en manos de los ayuntamientos planificar el futuro de su municipio es un riesgo que debe abortarse y medidas legales hay. Otra cosa es que se cumplan.
