La Junta retirará competencias al Ayuntamiento de Málaga si mantiene su política urbanística

Las siempre difíciles relaciones entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía parecen entrar en una fase crítica. El delegado del Gobierno autonómico en Málaga, Luciano Alonso, advirtió ayer de que si el consistorio que preside Francisco de la Torre (PP) persiste en una política urbanística en la que 'lo privado prevalece sobre lo público' y en la que se hace caso omiso de las resoluciones de la Comisión Provincial de Urbanismo, la Junta le quitará las competencias que le tiene delegadas en esta materia. Pero la advertencia no amedrentó al equipo de gobierno local. 'No se atreverán', replicó el concejal de Urbanismo, Manuel Ramos, quien acusó al PSOE de usar la Junta para hacer la oposición municipal.

Alonso convocó ayer una conferencia de prensa con el propósito de hacer pública 'la preocupación y el estupor del Gobierno andaluz con lo que está ocurriendo en el urbanismo de esta ciudad', en la que dijo que las últimas actuaciones municipales equivalen a 'romper el consenso que se generó en torno al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente'.

Tras hacer un repaso a algunas de las más polémicas, y dos días después de que la comisión municipal de Urbanismo diera su visto bueno a tres proyectos que han sido informados desfavorablemente por la Comisión Provincial, Alonso concluyó: 'Advierto al alcalde que de seguir con esta política, la Junta se vería obligada a retirarle las competencias que tiene delegadas'. Esta medida no tiene precedente en ninguna capital de provincia. La Junta sólo ha quitado competencias urbanísticas a Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). En la provincia de Málaga no tienen transferencias Marbella, Torremolinos, Rincón de la Victoria y Benalmádena, pero porque no fueron renovadas al cumplirse los cinco años de vigencia del decreto de cesión.

Dos de estas decisiones adoptadas el lunes afectan de pleno a las competencias delegadas, la declaración de interés público y utilidad social de la construcción de un centro cultural y deportivo de capital ruso y de un complejo gerontológico con 330 viviendas en parcelas catalogadas en el PGOU de no urbanizables y con protección paisajística. El primero ya ha sido suspendido por resolución de la Consejería de Obras Públicas. 'Son complejos de un alto volumen de urbanización y que afectan a la calidad ambiental y de vida de la ciudad', explicó el delegado provincial de la consejería, Enrique Salvo. 'Si quieren hacer una urbanización, o quieren romper el modelo de no urbanizar al norte de las rondas, que utilicen otros instrumentos y otros procedimientos para que no haya un fraude de ley', agregó Salvo.

La consejería entiende que el Ayuntamiento de Málaga viene haciendo un mal uso de la figura de las modificaciones puntuales de elemento, 'porque están concebidas para cuestiones muy precisas, pero no para grandes cambios en la clasificación del suelo'. Desde que se aprobó definitivamente el PGOU en 1998, el ayuntamiento ha introducido ya 78 modificaciones de elemento. De las 12 aprobadas este año, la Comisión Provincial de Urbanismo ha informado desfavorablemente una y en otras cuatro ha requerido información complementaria al consistorio antes de pronunciarse.

El caso desestimado, aprobado también en la polémica comisión municipal de urbanismo del pasado lunes, es el cambio de uso de un polígono en Teatinos al que el PGOU daba más volumen edificable que al resto de la barriada por tratarse de viviendas de promoción oficial para estudiantes y profesores, y que finalmente se va a destinar a viviendas libres pero sin una reducción de volumetría.

Alonso también criticó el convenio con Tabacalera, 'una empresa que teniendo beneficios decidió cerrar su fábrica, obligando a los trabajadores al traslado o a ir al desempleo y que al final obtiene el premio de la recalificación de 44.000 metros cuadrados'. 'Debe ser esta la única ciudad que no planta cara ante situaciones de este tipo', dijo.

Para el concejal de Urbanismo, la advertencia de la Junta esconde una 'perversión del sistema', porque según su punto de vista al final 'las minorías gobiernan la ciudad con el apoyo de la Junta, al margen de quienes hemos sido elegidos por la mayoría'. Dijo que la Junta ha pasado de 'abandonar Málaga a ir contra ella' y se mostró seguro de que 'Chaves no consentirá un castigo así a la ciudad por intereses electoralistas'. Según el PP, los delegados de la Junta en Málaga 'usan la institución con fines partidistas de forma clara y violenta'. Las competencias que la Junta tiene delegadas en ayuntamientos se refieren a la aprobación de modificaciones de elemento que no afecten a la clasificación del suelo, al no urbanizable y a los sistemas generales.