El Gobierno de Aragón reconsidera el Pacto del Agua
El Gobierno de Aragón negocia un replanteamiento del denominado Pacto del Agua, un acuerdo adoptado en 1992 por unanimidad de los grupos parlamentarios regionales en el que se detalla un exhaustivo listado de obras hidráulicas en la región, muchas de las cuales están prometidas desde principios del siglo pasado.
Todos los Gobiernos centrales lo han asumido. El PP lo incluyó en la Ley del Plan Hidrológico con la garantía de que no puede ponerse en marcha el trasvase del Ebro sin que se hayan iniciado las obras del Pacto.
La fragilidad del Ejecutivo aragonés, del PSOE con apoyo del Par, partidario de sacar adelante el Pacto, está chocando con movimientos sociales contrarios al trasvase del Ebro y a la construcción de varios embalses en las faldas de los Pirineos, reivindicados históricamente por la región.
Esta oposición se ha visto respaldada por declaraciones de impacto negativas y procedimientos judiciales, como en los casos de Jánovas, Santa Liestra o el recrecimiento de Yesa. Aunque la iniciativa de este rechazo parte de alcaldes de municipios afectados y de colectivos decididamente opuestos a estas infraestructuras, como Coagret, es la Chunta Aragonesista quien lo rentabiliza políticamente.
El calendario no se ha cumplido. 'Han pasado 10 años y no hemos adelantado nada', dice un diputado socialista.
Sin voz ni voto
Ante el temor a que esa parálisis continúe, el Parlamento regional decidió en diciembre pasado crear una comisión de estudio sobre el Pacto que intenta servir de foro a quienes la Ley de Aguas o las confederaciones hidrográficas no les da ni voz ni voto: los ayuntamientos. Se da el caso de que los usuarios o demandantes de embalses (regantes en su mayoría) tienen más representación en los órganos de decisión sobre el agua que los municipios donde se construyen. Sus habitantes se ven forzados a abandonar sus tierras inundadas, se les expropia y no tienen dónde defender sus intereses o negociar compensaciones con quienes se benefician de su desalojo.
La comisión ha establecido una ronda de encuentros con estos colectivos con la idea de replantear las obras del Pacto.Todos los grupos, salvo la Chunta e Izquierda Unida (que firmó el pacto) las consideran todas necesarias. El PP no participa en la comisión. Atribuye su creación a una argucia del PSOE para sortear su debilidad en el Ejecutivo aragonés.
De lo hablado hasta ahora, una conclusión parece decantarse: limitar el recrecimiento de Yesa a una cota que no inunde el Camino de Santiago. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se contraargumenta que sería malgastar un dinero en recrecer una embalse que nunca se va a llenar.
