Bruselas exige al Gobierno español que modifique la concesión de las obras de ampliación de la A-6

La Comisión Europea envió ayer un 'dictamen motivado' al Gobierno español en el que le exige 'formalmente' que modifique la concesión administrativa para la 'construcción, mantenimiento y explotación de las dos conexiones de la autopista A-6 con Segovia y Ávila, así como las del mantenimiento y explotación del tramo Villalba-Adanero'. Si España no responde en un plazo de dos meses al requerimiento, o si lo hace 'de forma insatisfactoria', la Comisión podría denunciar al Gobierno español ante el Tribunal Europeo de Justicia.

Las obras para la ampliación de la A-6 (autopista de A Coruña) hasta Segovia y Ávila fueron adjudicadas por Fomento en 1999 a una filial de Iberpistas. La adjudicación también permitía a esta empresa mantener el control sobre el peaje entre Villalba y Adanero hasta el año 2050, así como la construcción de varios tramos que no figuraban en el proyecto original.

La Comisión Europea inició en 2001, tras la denuncia de la Plataforma Sierra de Segovia y CC OO, una investigación sobre las condiciones de la adjudicación de la obra, y consideró que ésta 'conllevó actuaciones no previstas en el anuncio de concesión inicial ni en los pliegos de condiciones'. Se refería a la construcción de un cuarto carril entre Las Rozas y Villalba (gratis para los conductores), otro de peaje entre Villalba y el Valle de los Caídos y un tercer túnel bajo la sierra de Guadarrama entre San Rafael y el Valle de los Caídos.

Bruselas cree que 'este paquete posterior de obras no estaba comprendido en el anuncio de licitación, y su importe es más o menos equivalente al de los dos tramos de Segovia y Ávila', que superan los 283 millones de euros. Bruselas argumenta que es posible que algunas empresas interesadas en licitar para obtener la concesión de las obras y su posterior explotación no lo hicieran al desconocer que la adjudicación incluía obras adicionales. La Comisión Europea sospecha 'que no se han respetado los principios de transparencia e igualdad', lo que ha podido suponer un perjuicio para esas empresas.

La Comisión da así el 'segundo paso en un proceso iniciado en 2001 contra el Gobierno español'. Éste replicó entonces que los nuevos tramos adjudicados se basaban en dos cláusulas del pliego de condiciones que facultaban a los constructores a hacer tramos adicionales para regular mejor el tráfico en la zona.

Sin embargo, la UE rechaza ahora este argumento por entender que 'dichas cláusulas no pueden permitir una modificación sustancial en la concesión'. 'Ningún elemento de los pliegos de condiciones permitía deducir que los licitadores podrían presentar obras fuera de los tramos iniciales' [los de las conexiones de Ávila y Segovia con la autopista A-6], según Bruselas.

José Antonio López, portavoz de Iberpistas, aseguró ayer que 'todo el proceso concursal del Ministerio de Fomento fue legal'. Fuentes de Fomento restaron importancia a una posible denuncia de la Comisión ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo, alegando que 'Bruselas emite muchos edictos de estas características'. Las obras de la conexión de la A-6 con Ávila estarán acabadas el próximo noviembre, y las de Segovia, en enero de 2003, según Iberpistas. El resto de los tramos está sin empezar.