Las competencias vascas no asumidas

El dictamen aprobado anteayer -con la abstención de Batasuna y los votos de PNV, EA e IU- por la ponencia de la Comisión Especial de Autogobierno del Parlamento vasco conmina al Gobierno de Aznar a transferir antes de dos meses las 37 competencias del Estatuto de Gernika teóricamente pendientes de traspaso (el Ministerio de Administraciones Públicas rebaja la cifra a siete), bajo la amenaza de asumirlas unilateralmente. Si la mayoría de la Cámara de Vitoria ratificase el viernes -como parece seguro- esa pretensión y el Ejecutivo tripartito pusiese en marcha dentro de algunas semanas el anunciado proceso de usurpación de competencias formalmente estatales aún, se crearían las condiciones para un inédito conflicto institucional de final impredecible; la falta de fundamento jurídico-constitucional del ultimátum lanzado a la Administración central y la pretensión del Gobierno vasco de imponer -primero- su interpretación sobre el cumplimiento del Estatuto de Gernika y saltar -después- por encima de la comisión mixta no dejaría margen a la negociación y el compromiso dentro del marco del Estado de derecho.

Esa bulimia de transferencias contrasta con el deficiente grado de cumplimiento de las competencias asumidas por el Gobierno de Vitoria -tras el completo despliegue de la Ertzaintza a comienzos de los noventa- para mantener el orden público en las calles y garantizar la libertad y los bienes de los ciudadanos. Las ambiguas relaciones del PNV y de EA con Batasuna, que es a la vez el brazo electoral de ETA y la espina dorsal de la constelación de organizaciones legales o alegales del entramado terrorista, explican la patética incapacidad del Ejecutivo de Vitoria para poner coto a los desafueros del nacionalismo radical, responsable de las vandálicas actuaciones de las bandas callejeras, las extorsiones mafiosas cobradas a la luz del día, las amenazas dirigidas a los discrepantes políticos y el clima de intimidación generalizado en la vida pública. El auto dictado el pasado día 3 por el juez Garzón (una pieza más de su cuidadosa investigación sobre las estructuras integradas del complejo de ETA) establece la responsabilidad civil solidaria de Batasuna por los daños de la kale borroka (24 millones de euros sólo entre julio de 2001 y febrero de 2002) y adopta las medidas cautelares correspondientes; esa impecable resolución ha puesto al descubierto el doble juego del Gobierno vasco y del nacionalismo moderado: la condena retórica de la violencia como reverso de la complicidad práctica con sus autores.

En el debate celebrado el pasado 23 de mayo en el Congreso, el diputado Erkoreka expuso la 'alternativa' del PNV frente al procedimiento civil de disolución de asociaciones políticas creado por la nueva Ley de Partidos: 'El Grupo Vasco es partidario de la ilegalización de partidos políticos terroristas, xenófobos y racistas, pero sostiene también que el Código Penal suministra hoy ya todas las herramientas necesarias con todas las garantías precisas para ello'. Se trataba sólo de una finta: la irreflexiva y encolerizada respuesta al auto de significados representantes del Gobierno vasco, del PNV y de EA prueba el inquietante compromiso del nacionalismo moderado con Batasuna, su socio parlamentario de 1998 a 2002 y su enmascarado aliado de reserva hoy. Mientras el consejero de Justicia del Ejecutivo de Vitoria, Joseba Azkarraga, negaba independencia a Garzón y le motejaba de 'fiel brazo político de Aznar', el parlamentario del PNV y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Emilio Olabarría despachaba el auto como 'una resolución jurídicamente estrambótica' propia de un 'Derecho Penal del enemigo' que trata de negar 'el principio esencial de la civilización de cualquier organización política'. La petición de amparo dirigida por Garzón al CGPJ está formalmente justificada; sin embargo, el instructor del caso Marey y del caso Pinochet no necesita presentaciones ante la opinión pública democrática nacional e internacional: otra cosa es que el presidente del PNV sienta predilección por ese opuesto modelo de juez preconstitucional que encarnan Javier Gómez de Liaño y Joaquín Navarro.