Sin reuniones por las 'actuales circunstancias'
El nuevo modelo de financiación autonómica para el periodo 2002-2006, suscrito por todas las comunidades dejaba sin argumentos al Gobierno central para efectuar las liquidaciones presupuestarias retenidas a Andalucía desde 1997 (un 2% cada año). La Administración central sostenía, de manera ilegal según la sentencia de la Audiencia Nacional, que no podía liquidar esas cantidades mientras Andalucía no se incorporara al modelo vigente (la Junta no firmó el del periodo 1997-2001). Pero una vez que la comunidad había adoptado el nuevo sistema, ya no había razón para demorar esas liquidaciones.
El 30 de abril, el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, envió una carta a la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, para abrir la negociación sobre cómo efectuar esas liquidaciones pendientes. En la misiva de respuesta, fechada el 13 de mayo, Álvarez planteaba una reunión sobre el tema. El 24 de junio, apenas cuatro días después de la huelga general contra el decretazo, una nueva carta del ministro de Administraciones Públicas cambiaba el rumbo: 'Hechas las consultas oportunas, no parece que las actuales circunstancias propicien tener reuniones por el momento'.
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, exigió ayer tras conocer la sentencia una inmediata reunión con el Ministerio de Hacienda para ultimar la liquidación, aunque el secretario regional del PP, Antonio Sanz, ya advirtió que la sentencia 'no es firme' al ser recurrible por el Gobierno central. En todo caso, Chaves recalcó que está casi decidido a llevar al decretazo, en cuyo rechazo coincide con los sindicatos, ante el Tribunal Constitucional.
