La Junta prepara el Servicio Andaluz de Empleo para gestionar las políticas activas a partir de 2003

El Servicio Andaluz de Empleo, el organismo en el que la Junta quiere centralizar sus iniciativas para crear puestos de trabajo, se pondrá en marcha en 2003 y gestionará desde ese año las políticas activas de empleo. Esos son, al menos, los planes del Gobierno andaluz, que ayer aprobó el proyecto de la ley que regulará el Servicio de Empleo. Para lograr este propósito, el consejero de Empleo, José Antonio Viera, reclamó a los grupos parlamentarios una tramitación urgente y recalcó la necesidad de que el Gobierno central culmine la transferencia de las políticas activas de empleo, un proceso en el que reconoció avances.

La cesión de las políticas activas de empleo (casas de oficio, escuelas-taller, talleres de empleo) es esencial para el funcionamiento del Servicio Andaluz de Empleo. Y no sólo por los fondos adicionales que se podrán gestionar (unos 240 millones de euros), sino sobre todo porque las 90 oficinas del Inem y los 1.627 funcionarios que la Junta quiere incluir en el traspaso serán básicos en la puesta en marcha de servicios de intermediación laboral para, en palabras de Viera, 'encontrar un empleo que se ajuste a las características personales y profesionales' de las personas que se encuentren sin trabajo.

Si la transferencia de las políticas activas de empleo se retrasa una vez más, el Servicio Andaluz podrá empezar a caminar con la formación profesional ocupacional (con la colaboración de 1.200 centros educativos y siete consorcios de formación de 'excelencia') y la gestión de los incentivos al empleo ( para jóvenes, mujeres, discapacitados y autónomos), acordados con los sindicatos y la patronal. Sólo estas actuaciones aglutinarían 394 millones de euros al año y podrían beneficiar a 122.000 personas (95.000 en formación profesional). Pero la cesión de las políticas activas y, sobre todo, de los recursos del Inem (salvo los destinados al pago de prestaciones) permitiría llegar a 269.000 personas y establecer un presupuesto de 688 millones de euros.

La negociación sobre el traspaso -Andalucía es una de las pocas comunidades a las que el Gobierno aún no ha transferido las competencias, a pesar de sus reiteradas promesas- se desbloqueó esta primavera con la convocatoria de una ponencia técnica. Junta y Ministerio de Trabajo acordaron crear cinco grupos de trabajo y tener una nueva reunión a finales de este mes. Viera, tras el Consejo de Gobierno, indicó que el Ministerio había remitido documentación para fijar su postura, aunque las reuniones previstas aún no han tenido lugar.

Críticas de la CEA

En su exposición sobre el proyecto de ley, el consejero de Empleo resaltó que el Servicio Andaluz de Empleo nacerá con el apoyo de los agentes sociales y los representantes locales. De hecho, el Consejo de Administración de este organismo contará con nueve vocales de la Consejería de Empleo, cuatro de los sindicatos mayoritarios, cuatro de la patronal y uno del Consejo Andaluz de Municipios.

Esta composición motivó una dura crítica de la patronal andaluza, cuya junta directiva se reunió ayer. La CEA lamentó el retraso en la aprobación del proyecto de ley y, sobre todo, rechazó la 'modificación unilateral del texto' consensuado con los agentes sociales, que no incluía ningún representante de los municipios en el Consejo de Administración del Servicio de Empleo. En un comunicado, la patronal anuncia la posibilidad de abandonar este organismo si, cuando analice el proyecto de ley, encuentra más cambios.