CC OO denuncia que ex consejeros de L'Aliança han destruido documentos tras la intervención de la mutua
Un día después de que el Gobierno catalán destituyera al Consejo de Administración de L'Aliança, tras intervenir la mutua por presuntas irregularidades en la facturación, el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) denunció ayer que algunos de los ex administradores de la entidad -que permanecen en ella en condición de asalariados- destruyeron ayer mismo documentos relativos a la actividad de ésta.
Antoni Tuà, de CC OO, afirmó que miembros del Consejo de Administración, que presidía hasta el jueves Susanna Martín, han llevado a cabo la destrucción de documentos en las sedes de la calle de Marina y de la Rambla de Catalunya, donde se encuentra la sede de CARSA, entidad vinculada a L'Aliança, que tiene más de 200.000 socios.
Según CC OO, los propios trabajadores de la entidad son los que alertaron de que se estaban destruyendo documentos que pueden ser importantes para conocer cómo se ha gestionado la L'Aliança en los últimos meses. El sindicato explicó que muchos papeles se estaban metiendo en sacos para sacarlos de las oficinas de la mutua.
Fuentes del Departamento de Economía afirmaron ayer que la mutua tiene más de 10.000 trabajadores y numerosos centros de trabajo, y 'si Comisiones tiene información sobre la destrucción de documentos, su obligación es comunicarlo a los nuevos administradores para que puedan intervenir'.
La Generalitat ha nombrado a Enric Mangas, director general de Régimen Económico de la Seguridad Social, y a Miguel Argenté, director del área de Recursos del Servicio Catalán de la Salud (SCS), nuevos administradores provisionales de la entidad.
El Gobierno catalán investiga dos posibles anomalías en la mutua. La primera es la supuesta facturación indebida a la Administración catalana de 7,2 millones de euros (unos 1.180 millones de pesetas) por servicios prestados a mutualistas. La segunda investigación se centra en la contabilidad de los años 1997 y 1998 para averiguar si la subvención por pérdidas se justifica. El Gobierno catalán dice que la mutua no ha acreditado pérdidas en el hospital Sagrat Cor, en Barcelona, para tener derecho a la subvención.
CC OO instó, además, a la Generalitat a que se haga cargo de la gestión de todos los centros de L'Aliança. También los sindicatos SATSE-AMIC calificaron de buena noticia la intervención por la Generalitat que el jueves hicieron pública los consejeros de Economía y Sanitat, Francesc Homs y Eduard Rius, respectivamente.
Los consejeros Homs y Rius explicaron el jueves que la decisión de intervenir la mutua y nombrar a dos administradores tiene por objetivo garantizar la 'viabilidad financiera' de esta entidad y los intereses de los mutualistas.
