La Vega Baja recalificará 40 millones de metros y planea 9 campos de golf

El intensivo proceso de construcción que están alimentando los municipios de segunda y tercera línea de costa en La Vega Baja se concreta en proyectos formidables: nueve campos de golf y unas 160.000 viviendas que podrán albergar hasta 600.000 habitantes, en una comarca deficitaria en recursos hídricos. El proceso depredador es tal que no se respetan montes, huertas y espacios protegidos. Los ayuntamientos recalifican a los mismos promotores, y tras los proyectos suelen aparecer los mismos abogados y arquitectos.

Según los proyectos actuales, más de 40 millones de metros cuadrados serán urbanizables en La Vega Baja. El crecimiento demográfico que puede experimentar la comarca, de cumplirse las expectativas creadas, resultará claramente superior a sus posibilidades, ya que los ayuntamientos han liberalizado una extensión de suelo donde se podrán construir unas 160.000 viviendas con capacidad para 600.000 personas. Si se tiene en cuenta que la población estable de La Vega Baja no alcanza los 300.000 habitantes, puede comprenderse con facilidad que este ritmo de expansión resulta desproporcionado.

La vorágine constructora en la comarca se siente con especial fuerza en los municipios de segunda línea de costa, que suplen el hueco en la oferta que deja el litoral sobreexplotado.

Si prosperan todos los proyectos que se planean, La Vega Baja tendrá en breve plazo 15 campos de golf que consumirán casi diez millones de metros cúbicos de agua al año. Actualmente la comarca no puede absorber esta cantidad, debido al déficit estructural y permanente de recursos hídricos que soporta. Prueba elocuente es que el año pasado necesitó un préstamo de 20 hectómetros cúbicos de agua para cerrar airosamente el ejercicio hídrico del año 2000.

Los optimistas vaticinios que han proliferado en torno al AVE y a la probable alternativa de que se instale un apeadero en la comarca han sido también un aliciente para algunos promotores vinculados al poder. Pero en la trama urbanística de La Vega Baja se repiten varias constantes que confieren a este exorbitante proceso recalificador una singularidad: detrás de casi todas las operaciones se hallan los mismos arquitectos, abogados y promotores, que obtienen sustanciosos beneficios a cambio de muy pocas concesiones, y los ayuntamientos que acceden a sus peticiones no suelen cumplir el procedimiento que marca la ley; eluden con frecuencia su obligación de convocar concursos públicos para adjudicar la urbanización.

Para Miguel Ángel Pavón, de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (ASHA), el entramado inmobiliario de la comarca 'esconde una intención manifiesta de crear una ciudad lineal desde Orihuela hasta Torrevieja donde todo estaría completamente urbanizado'.

El motor económico del turismo de segunda residencia es un factor decisivo, y ligado a éste, la implantación del AVE, pero la especulación también se ha visto alentada por una situación de plena libertad. En estos momentos, no existe un plan de acción territorial que ordene y regule el crecimiento urbanístico, y este vacío legal explica en buena medida la desordenada y caótica expansión que se está produciendo en La Vega Baja, donde la proliferación de viviendas y de campos de golf plantea numerosas incógnitas sobre la calidad que tendrán los servicios y las infraestructuras.

Con un gobierno tripartito de mayoría socialista, San Miguel de Salinas contempla la recalificación de unos 13 millones de metros cuadrados y la reserva de otras 14.000 hectáreas, incluidos amplios espacios de Sierra Escalona, donde se baraja la opción de construir hasta tres campos de golf. El artífice del documento es Rafael Martínez Campillo, uno de los nombres que reaparece con insistencia en numerosas operaciones urbanísticas de La Vega Baja, como la recalificación de El Raso en Guardamar o la propuesta alternativa al PGOU de Jacarilla.

Por lo general, en todas las actuaciones reclasificatorias se involucran los mismos nombres. Entre los promotores destacan dos, Joaquín Grau y Antonio Pedrera, y entre los abogados y arquitectos que elaboran los propoyectos, el propio Martínez Campillo y Juan Enrique Serrano, imputado por un caso de presunto cohecho junto al alcalde de Guardamar.

El gobierno de Almoradí, del PP, incluyó en el documento de homologación de sus normas subsidiarias un convenio con el promotor Joaquín Grau en virtud del cual el Consistorio recalifica 430.000 metros de huerta tradicional para destinarlos a la construcción de mil viviendas.

El reclamo del golf es el recurso turístico que mejor explotan todos los municipios de la comarca. El Ayuntamiento de Orihuela aprobó en diciembre la reclasificación de 1.800.000 metros destinados a este fin y casualmente el beneficiario del proyecto también fue Joaquín Grau, el mismo que ha obtenido carta libre en Jacarilla para urbanizar más de un millón de metros, no sin una ácida polémica al descubrirse que la empresa Agrícola del Segura, SA, que dirige con Eduardo López, fue la encargada de costear la redacción del Plan de Ordenación Municipal.

El PGOU de esta localidad es obra de Juan Enrique Serrrano, y convierte en urbanizables más de dos millones y medio de metros cuadrados. Pero aún más exorbitante es el proyecto que una asociación de propietarios ha encargado a Martínez Campillo y que se ajusta fidedignamente a la inspiración que rige su modelo para San Miguel: propone reclasificar prácticamente todo el término municipal.

Similar orientación tenía el controvertido plan de clasificación de Algorfa, donde la constructora Villamartín, de Antonio Pedrera, construyó un campo de golf que la Consejería de Urbanismo declaró ilegal.

En Rojales, la invasión en la zona de protección oficial del perímetro de la Laguna de la Mata ha sido un intento subrepticio que se ha evidenciado sin tapujos en sus últimas actuaciones urbanísticas. Los tres sectores que se engloban en el plan denominado Lo Malabú ocupan 175 hectáreas, de los que 45 forman parte de este perímetro, un proyecto que los ecologistas recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano, 'porque ni siquiera contaba con el obligado estudio de impacto ambiental', explica Miguel Ángel Pavón.

La intervención de los ecologistas para frenar este avance intrépido hacia el perímetro de Las Lagunas no ha surtido efecto. Ahora, el Ayuntamiento de Rojales pretende recalificar otros 350.000 metros para ampliar el núcleo de Ciudad Quesada, agravando la presión demográfica de un humedal que ya sufre las consecuencias de la urbanización de El Raso de Guardamar, donde 60 de sus 120 hectáreas invaden la franja de protección.

Albatera y Pilar de la Horadada, ambos gobernados por el PSPV, cierran el nutrido cupo de municipios que han decidido ensanchar su suelo urbanizable. El primero prevé edificar una urbanización, con instalación de golf, de 130 hectáreas, y la mitad de su terreno será de titularidad pública, propiedades de monte que la Generalitat acaba de descatalogar. En Pilar de la Horadada su Ayuntamiento ha previsto un segundo campo de gol. Ambos tendrán una extensión superior al millón de metros cuadrados que, unidos a los 800.000 de diversas urbanizaciones que se están ejecutando en las pocas playas vírgenes que atesora el municipio, suman un total de tres millones de metros cuadrados legalizados para edificar.