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Reportaje:

Adiós a la huerta, al hogar y a una forma de vida

Cuarenta familias de La Punta viven bajo la amenaza del desalojo inminente por la ZAL del puerto de Valencia

'Vendrán, nos cogerán del brazo a mí y a mi mujer para apartarnos y la emprenderán a trompazos contra la casa'. José Segarra, agricultor de 79 años más conocido en La Punta como El Tío Lluesma, lleva meses sin dormir en paz imaginando angustiado la misma escena: el desalojo por la fuerza de la que ha sido su vivienda desde que nació; el desahucio definitivo de su forma de vida; y el desarraigo de su entorno tradicional, condenado a vivir en un apartamento tras décadas de reunir a hijos o nietos cada fin de semana al aire libre o en unas dependencias modestas pero amplias.

Tras meses de miedo e incertidumbre la escena ya tiene fecha. La carta con el anuncio del desalojo, que les llegó entre lágrimas el jueves pasado, les da sólo dos meses para desaparecer de La Punta. La destrucción de 70 hectáreas de fértil huerta de la pedanía en aras de construir la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Valencia exige, en bien de un interés público decretado por los equipos de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en la Generalitat y en el Ministerio de Fomento, expulsar de sus casas a 40 familias, según la asociación que aglutina a los afectados: aquellas que viven en la huerta y se han resistido a vender sus tierras de forma voluntaria.

'Muchas personas se verán en la calle, sin un duro y sin familiares que les recojan'
Para los vecinos, basura, prostitutas y bases de contenedores responden a una estrategia dirigida

'El día que vengan a desalojar', asegura Carmen González, presidenta de la asociación de vecinos La Unificadora de La Punta, 'muchas personas se verán absolutamente en la calle, sin un duro y sin familiares que les recojan'. Carmen explica que hay 711 propietarios de parcelas afectadas y que, aunque los promotores aseguran que ya han comprado un 30% del suelo, la mayoría de los propietarios que sí viven en La Punta se han negado a vender. Afirma que sólo 'han cedido a las presiones' una docena de familias, y que muchos resistirán hasta el final.

Pero la espera es dura. 'Hemos tenido una vida muy buena... pero sufriendo mucho, trabajando día y noche para producir las verduras', recuerda Segarra. Ante el miedo a perderlo todo, el Tío Lluesma extraña los años que tenía que levantarse a las tres de la mañana para llevar las verduras frescas a tiempo, antes del alba, con el carro y el caballo hasta la ciudad. Años de trabajo duro y sacrificios para cultivar una tierra 'cálida y riquísima' de cuatro cosechas anuales -de les creïlles d'hivern al meló d'Alger, de les tomaques al pimentó-, sacar adelante a la familia y levantar un hogar en el que poder morir en paz.

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Han sido varios los intentos de los promotores para pactar la venta. 'Me decían que firmara y me darían una casa', explica, 'pero cómo voy a firmar si no he visto la casa; también me amenazaban con que si no firmaba luego me darían mucho menos dinero. Van con la pistola en la mano... son unos ladrones'. Preguntado sobre si los promotores de la ZAL, en vez de indemnizarle con una cantidad que se baraja ridícula, deberían darle unas tierras de igual calidad y el dinero para construirse una casa semejante, Segarra, consciente de la utopía, responde: 'Ellos sí que se la construirán a mi costa'.

El sentimiento del 'robo a mano armada' también alberga en el corazón de Rosa Martínez, que hace siete años ya sufrió otro desalojo forzoso en la avenida de Serrería. Perdió su casa y medio de vida (un taller de chapa y pintura ahora ocupado por un supermercado). Y puesto que los contenciosos-administrativos son 'eternos', todavía no ha visto un duro. Vive, rodeada de palmeras, fuentes, pavos reales, gatos, perros y caballos, en un edificio protegido construido en 1876, la vivienda junto a la playa (ahora separada del mar por el puerto) del doctor Bartual Moret, en su día director del Hospital Provincial. Rosa asegura que en esta villa pasó muchos fines de semana y días de vacaciones el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal. Pero se lamenta de que nada de eso sirva para frenar a las excavadoras.

'¿Qué quieren que haga con mis caballos, que los lleve al matadero?', se pregunta esta mujer, que evita pensar qué pasará con las cenizas de una hermana fallecida recientemente que fueron esparcidas a lo largo de una cuidada rosaleda.

'Han hecho que crezca en nosotros el odio y la rabia'. Como el resto de afectados, Rosa denuncia la degradación consentida por el Ayuntamiento mediante vertederos, bases ilegales de contenedores y hasta el desplazamiento forzado por la policía de las prostitutas del Grao hasta el borde de sus casas. Una degradación, a su juicio planificada, para lograr arrasar decenas de casas, entre ellas 17 barracas tradicionales, y construir una zona industrial en un lugar que para los afectados podría ser idílico.

'Cuando hicieron el nuevo cauce del río, desalojaron a ciento y pico de familias... a los pocos meses la mayoría de los hombres de más de 50 años murieron', sentencia José Segarra. Curtido por el sol y la tierra pero hundido en la desesperanza El Tío Lluesma no tiene fuerzas para afrontar otro destino.

Ocho contenciosos, ninguna resolución

Los afectados por la construcción de la futura ZAL, enclavados en la plataforma Defensem La Punta-Salvem L'Horta, han interpuesto hasta ocho recursos contencioso-administrativos para impedir la pérdida de sus hogares. Uno por cada uno de los trámites administrativos que ha recorrido la promoción de un centro industrial logístico junto al puerto de Valencia. Y aunque en dos de ellos sólo falta que los jueces dicten sentencia, el tiempo apremia y el desalojo de los propietarios se acerca peligrosamente antes de que la justicia haya aportado luz al problema de los vecinos de La Punta. Éstos denuncian además presiones familiares y fórmulas de coacción para que vendan y abandonen sus propiedades. Por ejemplo, aseguran que no han conseguido que el Ayuntamiento revise el valor catastral de sus viviendas, algunas tasadas ya hace más de tres décadas. También que los promotores han engañado a algunos vecinos para entrar en sus hogares y valorar a su gusto sus propiedes. A Encarna Orient le intentan arrebatar la casa de su bisabuela, de 294 metros cuadrados en tres plantas, por 2,7 millones de pesetas. 'Un robo'. Carmen González, presidenta de la asociación vecinal, afirma que 'el procedimiento administrativo ha sido un fraude desde el principio'. Por ejemplo, no se les ha avisado 'en tiempo y en forma que vayan a firmar las actas de ocupación'. La clave, a su juicio es que los terrenos no se han recalificado como suelo industrial, sino urbanizable. Cree que todo es una maniobra para hacer urbanizaciones en sus terrenos.

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