Equidad sanitaria

Tras la transferencia de la sanidad a las 10 comunidades autónomas que no la tenían, falta por definir el marco de garantías para que todos los ciudadanos, cualquiera que sea su lugar de residencia, accedan a las prestaciones en igualdad de condiciones. Está pendiente una ley que determine qué competencias se reserva el Ministerio de Sanidad para armonizar la gestión de la salud de todas las comunidades. Lo lógico hubiera sido sacar adelante esa ley antes del 1 de enero, cuando se consumaron las transferencias, pero más vale tarde que nunca, y lo importante ahora es que el Parlamento y las comunidades alcancen el mayor consenso posible.

Los borradores elaborados por el Gobierno y el PSOE coinciden en muchas de las líneas generales: elaborar un catálogo de prestaciones obligatorias, crear una tarjeta sanitaria válida para toda España, facilitar el acceso a los historiales clínicos desde cualquier hospital español, establecer centros de referencia únicos para las patologías más infrecuentes o los trasplantes más complicados y armonizar las estadísticas sobre calidad y listas de espera, entre otras. Pero todavía hay que resolver algunas discrepancias, y saber la postura de las comunidades no gobernadas por los dos grandes partidos. Es una materia sensible porque, por un lado, plantea tensiones de competencias entre la Administración central y las autonómicas y, por otro, requiere reflejos para gestionar permanentemente la demanda social ante el flujo incesante de innovaciones médicas, quirúrgicas y farmacológicas, por no hablar de las alertas sanitarias que vayan surgiendo.

En el pasado ha habido problemas de competencias, en particular en torno a los medicamentos: por la eliminación de subvenciones en algunos casos (medicamentazos), por la aprobación y accesibilidad de productos polémicos para ciertos sectores ideológicos (píldora abortiva), por la implantación de genéricos, etcétera. Tampoco han faltado conflictos en torno a las negociaciones de precios con los grandes laboratorios. Las diferencias de tamaño y de eficacia entre los sistemas autonómicos de salud generarán, inevitablemente, tensiones financieras cada vez más amenazantes para la equidad en la atención médica. Esa equidad es un derecho básico de todos los ciudadanos y debe ser preservado desde el sentido de la responsabilidad de todas las fuerzas políticas.