El hotel del lío

Que el centro tradicional de Alicante está destrozado y necesita intervenciones urbanísticas urgentes, salta a la vista. Que las administraciones públicas alenten la rehabilitación privada de edificios en el casco histórico de la ciudad, parece necesario. Que el gobierno municipal de Alicante facilite y agilice a la inicitiva privada los trámites para convertir un gran edificio ruinoso en un hotel de lujo, podría calificarse de buena gestión. Que actuaciones como esta -un gran hotel en un barrio degradado- sirvan como resortes que impulsen otros negocios y propicien más rehabilitaciones, parece algo evidente. Pero que el equipo de gobierno de la ciudad utilice todos esos argumentos para justificar sus actuaciones sombrías en la rehabilitación de edificios -El Palas, la vieja sede del Gobierno Militar (también será un hotel), el edificio de Correos, entre otros, e incluso la construcción del palacio de congresos en el monte Benacantil- puede pervertir tales argumentos.

Porque sombrío fue el acuerdo que adoptó ayer la comisión de gobierno de otorgar licencia de obras para convertir un gran y noble caserón con fachada a la calle Mayor en hotel de cuatro estrellas. Y oscura, la negociación entre el alcalde Luis Díaz Alperi y los propietarios del inmueble -la familia de su amigo Luis Gamir, ex ministro con UCD y actual presidente de la Comisión Nacional de Privatizaciones-. Y negra, la explicación con la que se despachó ayer el portavoz popular, Pedro Romero, para minimizar lo que la oposición municipal ya ha tachado de 'escándalo de primer orden'. Y grave, la nueva bronca interna en el PP municipal a propósito de la licencia opaca que otorgó ayer.

Encendiendo alguna luz ante tanta penumbra puede vislumbrarse, cuanto menos, una operación muy beneficiosa para la propiedad del inmueble -el PSPV la tachó ayer de 'trato de favor'-, porque aquélla ha obtenido el permiso para rehabilitar el inmueble sin haberse salvado el principal escollo del trato: la compensación a los inquilinos que ocupan una parte del edificio. Pero como curiosamente es el propio Ayuntamiento el que tiene arrendada una porción de la finca -ahí tienen sus sedes las concejalías de Recursos Humanos e Informática-, el gobierno local no ha visto perjudicados. Y otorgó sin más la licencia. Pedro Romero, muy bien dotado para el arte dramático, interpretó ayer ante los medios de comunicación el papel de bombero en seco. Dijo que no hay fuego, porque la licencia de obra mayor, concedida para todo el inmueble, no afecta, de momento, a las dependencias municipales. Pero poco antes, ante el alcalde, siguió su guión vital y le hizo algunas advertencias.

Queda también un orificio entre tanta tiniebla por el que puede atisbarse un inusitado interés de los gobernantes por conceder el permiso a la familia propietaria, que es como de la casa. Algo bueno, además de un hotel en una calle abandonada, puede quedar de este lío: el ejemplo de rapidez y eficacia de la burocracia municipal.

Más diáfano asegura ver el asunto Blas Bernal, portavoz adjunto del PSPV en el Ayuntamiento alicantino, quien, no obstante, fue tan difuso en su acertijo como la concesión del permiso: 'El alcalde Luis Díaz Alperi quiere tomarnos a todos el pelo; detrás de esa licencia se esconde otra cosa que huele muy mal y que ya estamos investigando'. Más oscuridad al asunto.

Los socialistas habían pedido públicamente el martes que se paralizara la concesión de la licencia mientras no se ofreciera una compensación al Ayuntamiento, ya que el contrato de arrendamiento suscrito entre el Consistorio y la familia de Luis Gámir no expira hasta el año 2007. El lunes, los concejales del gobierno habían decidido dejar el permiso sobre la mesa, pero las interferencias del propio Romero y de la oposición hicieron recapacitar al alcalde. Había que dar como sea la licencia a ese hotel de los líos. Y cuanto antes.

Entretanto, el portavoz Romero ha desplegado de nuevo su poder omnipotente para advertir a sus compañeros de que él no se queda fuera de juego, aunque su fuerte, precisamente, no sea la intermediación en las operaciones inmobiliarias del Ayuntamiento: terminó en los juzgados cuando quiso pagar a un amigo más de la cuenta por el alquiler de un local para sala municipal de exposiciones y cuando medió para que el Ayuntamiento comprara al Santander Central Hispano (SCH) su sede para adecuarla como Casa de la Festa. No fue condenado, pero sus gestiones quedaron en saco roto.

Romero sí lo ve claro.