330 educadores de menores sin hogar denuncian actos violentos en 24 centros

Las 24 residencias para menores desamparados de la Comunidad tienen como misión proteger a los niños de hogares rotos. Pero este cometido se está incumpliendo por los graves problemas de violencia que viven estos centros en los últimos años, según denuncian en un escrito 330 trabajadores de estos internados (hay unos 1.000, la mitad educadores). Estos profesionales atribuyen la creciente conflictividad a que cada vez les llegan más adolescentes con serios trastornos mentales y de conducta, que, según su criterio, deberían tratarse en centros especializados.

Esperanza García, directora del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) afirma que en febrero se inaugurará el segundo centro de Madrid para chicos con problemas psíquicos. 'Pero no se abrirá ninguno para trastornos de conducta hasta tener una norma estatal que los regule', matiza.

Pero los denunciantes insisten: 'Nos llegan chavales destrozados, que, tras haber vivido experiencias muy duras de agresiones, abandono y abusos sexuales sólo saben manifestar su dolor a través de la violencia, sin respetar norma alguna. No queremos culpar a estos chicos, sabemos que tienen muchos problemas, pero hay que buscar soluciones a esta situación que les perjudica a ellos, a los otros niños y a nosotros'. Los educadores han llevado su queja ante el IMMF, la Fiscalía del Menor y el Defensor del Menor.

Los 330 denunciantes (la mayoría de ellos educadores, aunque también hay cocineros y auxiliares) se quejan de que las residencias se han convertido en un 'cajón de sastre' donde 'las agresiones, humillaciones e insultos a educadores y a otros compañeros se han convertido en algo habitual'. La mayoría de ellos desempeñan su labor en las 24 residencias de la Comunidad, donde viven 900 chicos desamparados (hay otros 26 hogares más concertados con ONG con otros 800 chavales).

En su escrito hablan de chavales que por cualquier minucia golpean a los educadores o a otros compañeros o les amenazan con cuchillos; de niñas que tras sufrir la muerte de sus padres drogodependientes y el abuso sexual de otros familiares han roto ya todos los límites: se escapan por la noche con adultos, regresan tras tomar cocaína, agreden...

Conducta antisocial

'En los centros se junta a grupos de chicos muy diversos que requieren tratamientos educativos diferentes: hay inmigrantes que llegan sólos a Madrid a buscarse la vida, muchachos con graves problemas mentales o de conducta, discapacitados psíquicos y jóvenes inadaptados de clase media con los que sus padres no hacen carrera', aseguran en su informe. 'Estos diferentes perfiles de población producen una conducta antisocial, con robos, agresiones, consumo de drogas, abusos sexuales e incumplimiento generalizado de las normas básicas de convivencia', añaden.

La directora del IMMF reconoce que la tarea de los educadores 'es muy complicada'. 'La violencia protagonizada por adolescentes es cada vez mayor en toda la sociedad, como se ve en las propias escuelas. ¿Cómo no va a existir agresividad en nuestras residencias, donde el 60% de los chicos son adolescentes y, además, con un tremendo deterioro emocional por lo que han vivido?', asegura.

'También ocurre que los equipos de los centros pasan periodos de crisis y eso es lo que ocurre en algunas residencias. Si los profesionales están cohesionados, consiguen a menudo resolver bien situaciones conflictivas que en otras residencias no se remontan', añade.

Los educadores, para paliar esta situación, que no dudan en calificar de 'maltrato institucional' hacia los niños desamparados (incluidos los de peor comportamiento) y de 'indefensión' para ellos, reclaman, sobre todo, que las residencias en las que ahora trabajan, muchas de ellas con 40 plazas, se transformen en hogares más pequeños. También piden que se abran centros especializados para los menores con graves trastornos mentales o de conducta y que se aumenten las plantillas para reducir la ratio actual, que ellos cifran en 12 niños por educador, proporción que la dirección del IMMF reduce a ocho chavales por profesional.

García asegura que en febrero se va a abrir una nueva residencia concertada con Nuevo Futuro para chicos con trastornos mentales, con 10 plazas, (ahora hay una de ocho plazas). 'Pero no vamos a abrir ningún centro para menores con trastornos de conducta hasta que esta figura se regule en un desarrollo de la Ley nacional de Protección a la Infancia de 1996. No es sólo una decisión nuestra, la comparten otras comunidades. Necesitamos que se detalle en qué consiste un centro de este tipo y que se establezca si en él se pueden adoptar medidas de contención cuando a un chaval le da una crisis y cómo y quién puede ejercer esa contención', matiza.

Hasta marzo de 2001 existían en Madrid tres centros con 36 plazas para menores con trastornos de conducta (Guadarrama, Río Chico y Cimbra), regentados por la Fundación Diagrama. Pero ese mes la Comunidad tuvo que cerrarlos por consejo de la fiscalía, tras una denuncia por presuntos malos tratos a los chicos internados en uno de los tres recintos (el de Guadarrama). La denuncia está siendo investigada en un juzgado.

El personal de las residencias también reclama que se refuercen los programas de prevención, con educadores de calle y de familia, para intentar buscar otras soluciones antes de recurrir a llevar a los chavales a internados. Solicitan asimismo que se incremente el número de efectivos adscritos a la Fiscalía del Menor, para que puedan inspeccionar los centros y vigilar así que se cumplen las medidas de protección de los niños. Otra de sus reclamaciones es la elaboración del segundo plan de infancia, en el que se establezca un calendario de creación de los nuevos recursos que se precisan.

La directora del IMMF asegura que se está apostando por las residencias de menor tamaño y por los pequeños hogares para adolescentes, 'pero tampoco son la panacea, y prueba de ello es que entre las firmas de protesta hay trabajadores de este tipo de centros'. Asegura, asimismo, que el número de niños atendido por cada educador 'se ha reducido mucho en los últimos años, y en los centros con más problemas es hasta de dos educadores por cada seis niños'.