La última leva

El pasado 31 de diciembre se ponía fin a una triste anacronía. Ese día observábamos con alegría cómo se ponía fin al tiempo de levas o servicio militar obligatorio. Los últimos soldados de reemplazo abandonaban sus cuarteles tras nueve meses de obligado encierro. Quienes les han precedido han padecido esa misma situación durante un año, o año y medio en el caso de la Armada. Y no digamos tiempo atrás, cuando los reclutas dedicaban casi tres años de sus vidas al obligado mantenimiento del aparato y estructuras militares.

Pero la situación presenta un evidente anacronismo. La mili deja de ser obligatoria y todavía se penaliza su rechazo u objeción con el cumplimiento de condena en prisión. Se trata de una callada injusticia, máxime cuando el supuesto infractor -el joven llamado obligatoriamente a empuñar las armas- no ha causado daño alguno a un semejante.

El movimiento de insumisión y objeción de conciencia constituye un valor de compromiso social contra la violencia. Máxime en este tiempo en el que cada vez somos más quienes en las sociedades democráticas abogamos por la desaparición de los ejércitos. Puede que haya casos que denigren este auténtico valor social, pero lo cierto es que el planteamiento iniciado por nuestros jóvenes en los años ochenta ha de marcar las pautas sociales del nuevo milenio.

Ahora que se asume que los ejércitos son profesionales con todas las consecuencias, resultaría inaudito que las Audiencias dieran salida a los juicios pendientes que se cuantifican en más de 4.700 casos. Desde mi absoluto respeto a la independencia judicial, considero que el poder político, el Gobierno del Estado y el Parlamento del que surge, debe impulsar, sin tardanza alguna, una solución debida para todos ellos. Si fuera preciso hacerlo a través de medidas legislativas, éstas tendrían que convertirse en prioridad para el Congreso de los Diputados.

De la misma forma debe revisarse la pena de inhabilitación. El hecho de ampararse en que 'se cometió un delito mientras existía una obligación' supondría no reconocer que ha sido un logro social y democrático alcanzar la situación actual. No hay que olvidar los años perdidos por decenas de miles de jóvenes en lúgubres e insidiosas tareas que poco tenían que ver con el servicio militar y sí con un vergonzante mantenimiento de las castas en las que se apuntalaba el régimen. Recordaremos los dolores, accidentes, muertes, penosas situaciones familiares, trabajos inalcanzados, empleo gratuito y todo tipo de humillaciones que, para buena parte de los soldados forzosos y de sus familias, ha supuesto el servicio militar.

Pero la larga y dura lección ha servido para algo ya que se ha convertido en una conquista social. Las conquistas ciudadanas, a través de medios pacíficos y democráticos, deben verse políticamente recompensadas. Es el modo de dar carácter político a un compromiso moral.

Joseba Azkarraga (EA) es consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco.