La Junta paraliza en Marbella unas obras que afectaban a 611.000 metros de terreno forestal

La Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Málaga paralizó ayer unas obras que se realizaban en terreno forestal en la zona de Monte Elviria de Marbella, calificado como suelo no urbanizable en el planeamiento urbanístico vigente. El Gobierno andaluz ha abierto un expediente administrativo a las promotoras Santa María Golf Club y Credoc, que puede suponer multas de hasta 50 millones de pesetas. La superficie afectada es de 611. 240 metros cuadrados. Paralelamente se ha reabierto una investigación sobre cuatro incendios provocados ocurridos en junio y agosto, por su posible relación con las obras.

El delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, acompañado de técnicos de su departamento, agentes medioambientales y policía autonómica y urbanística notificaron la medida cautelar a los responsables de esta obra, que hasta el momento ha supuesto la eliminación de la cubierta vegetal de 611.240 metros cuadrados de suelo de alto valor ecológico. Estos mismos terrenos habían sido repoblados hace cinco años con algarrobos, acebuches y pinos piñoneros después de un grave incendio, y registraban un buen nivel de recuperación. Otros cuatro fuegos provocados ocurridos este verano fueron rápidamente sofocados, sin que se produjeran daños importantes.

Sin embargo, lo que no han conseguido las llamas lo han hecho las máquinas. Según Trillo hasta un centenar de operarios de las dos empresas han trabajado a destajo con la ayuda de 25 máquinas en las últimas semanas. Toda la cubierta vegetal ha sido eliminada, se han taponado los cauces de varios arroyos e incluso se ha iniciado una red viaria. El delegado de Medio Ambiente lamentó 'la destrucción de toda la fauna de invertebrados, mamíferos y aves de la zona, como el erizo común, el lirón careto, la jineta, el cernícalo común, la lechuza, la lagartija colilarga y la culebra bastarda'. La zona afectada forma parte de los 11 millones y medio de metros cuadrados de suelo forestal que el GIL pretendía recalificar como urbanizable en la revisión del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Marbella, que ha sido rechazado hasta en dos ocasiones por la Junta de Andalucía entre otras cosas por este motivo.

El documento elaborado por el equipo de gobierno que preside Jesús Gil incluye un convenio urbanístico en estos terrenos, en el que se autorizaba la construcción en 1.695.563 metros cuadrados. 'Nosotros damos las licencias con arreglo a nuestro PGOU [aprobado por el GIL en 1998], y entendemos que si a un promotor se le ha dado licencia en función de este plan es absolutamente legal', dijo ayer el primer teniente de alcalde, Julián Muñoz.

El consistorio ha anunciado su intención de presentar en breve el texto refundido del PGOU, que confía acepte esta vez el gobierno andaluz. 'La paralización no tiene por qué afectar a la entrega del documento a la Comisión Provincial de Urbanismo', señaló Trillo, que explicó que el expediente administrativo abierto por su delegación puede ser recurrido por las empresas infractoras. Sin embargo, será la Consejería la que resuelva sobre la sanción, que figura como 'falta especialmente grave'.

De acuerdo con la Ley Forestal de Andalucía, las multas pueden oscilar entre 10 y 50 millones de pesetas, sin incluir la indemnización por los daños a la flora y fauna de la zona. Agentes de Medio Ambiente y policía autonómica vigilaran las obras para garantizar que la paralización sea efectiva. Una vez evaluados los daños, la delegación de Medio Ambiente podría actuar contra las promotoras a través de la vía judicial por delito ecológico muy grave. Trillo indicó que su delegación estudiará otras actuaciones que se estén llevando a cabo en este entorno, por si contravienen el plan general de ordenación urbana de 1986, el único PGOU que la Junta considera vigente en Marbella.