El TSJA amplía la acusación contra el juez de Huelva
La Fiscalía del Tribunal de Justicia de Andalucía va a pedir medidas cautelares, que pueden ir desde la prisión incondicional a la imposición de una fianza, contra el juez de La Palma del Condado (Huelva), Justo Gómez Romero, acusado de un delito continuado de prevaricación y otros de cohecho e infidelidad en la custodia de documentos. La sala de lo Civil y Penal de Andalucía, que instruye la causa contra el juez por su condición de aforado, va a ampliar la imputación tras descubrir nuevos indicios de delitos.
Justo Gómez declaró ayer ante el instructor en Granada por espacio de más de tres horas. La comparecencia fue suspendida hasta la semana que viene para que el imputado pueda conocer las pruebas que amplían el número de delitos, todos ellos enmarcados bajo la tipificación de prevaricación. La Fiscalía ha pedido para la semana que viene, al término del interrogatorio, la comparecencia de prisión del juez y la adopción de medidas cautelares según el artículo 504 bis del Código Penal, aunque no concretó cuáles. Tales medidas pueden ir desde la prisión preventiva a otras eludibles mediante el pago de una fianza.
El juez está acusado de dictar sentencias injustas y de haber cobrado una cantidad sin precisar a cambio. Junto a él comparecen como imputados un abogado onubense y un particular. La investigación, además de analizar las resoluciones dictadas por el juez, ha verificado su patrimonio personal.
La Fiscalía presentó el pasado mes de julio una querella contra quien fuera titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma. El juez ya fue suspendido en sus funciones por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial a comienzos del pasado verano. El consejo también abrió un expediente contra Justo Gómez por abusar de su condición de juez para resolver algunas diligencias sobre su separación matrimonial. En concreto, el juez de La Palma fue acusado de retener un exhorto relativo a su separación con ánimo de dilatar el procedimiento. El imputado llevaba al frente del juzgado nueve años durante los cuales había rechazado en dos ocasiones sendas propuestas de promoción que llevaban aparejado el cambio de destino.
Un antiguo secretario del juzgado, Jesús Fernández Fernández, dijo que ya en el mes de julio de 1997 puso en conocimiento de forma verbal y por escrito ante la Fiscalía y la Audiencia de Huelva ciertas irregularidades procesales que había observado.
