Lealtad federal

En la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica en una convención interna del PP celebrada esta misma semana, el presidente del Gobierno subrayó expresamente que el funcionamiento de dicho modelo exige que tanto los gobiernos de las distintas comunidades autónomas como el Gobierno de la nación ejerzan las competencias que les atribuyen la Constitución y los estatutos de autonomía de una manera leal. Sin lealtad constitucional por parte de todos, venía a decir José María Aznar, no es posible que pueda operar no ya el nuevo modelo de financiación autonómica sino el Estado de las Autonomías en general.

Es difícil no estar de acuerdo con esta afirmación del presidente de Gobierno. La lealtad constitucional es necesaria en todo Estado democrático, tanto si está políticamente descentralizado como si no lo está. En democracia no se puede perder nunca de vista por los partidos políticos, que, por muy duro que sea el enfrentamiento, todos pertenecen al mismo sistema y sólo pueden hacer política porque hay coincidencia en determinados principios que no pueden ser siquiera sometidos a discusión. La lealtad constitucional no es más que el reconocimiento a través de la acción política cotidiana de las premisas en las que descansa todo Estado democrático.

Esto es necesario, insisto, en todo Estado democrático. Pero lo es mucho más en uno que está políticamente descentralizado. En este tipo de Estado la lealtad constitucional incluye como componente inexcusable lo que en la literatura científica se denomina lealtad federal. Para que un Estado políticamente descentralizado funcione no basta con que se acepten los principios básicos de todo sistema democrático, sino que es preciso que cada uno de los parlamentos y gobiernos democráticamente legitimados que existen en dicho Estado ejerzan sus competencias respetando la letra y el espíritu de las normas que se las atribuyen. Un sistema político como el español, integrado por un sistema nacional y 17 subsistemas regionales, en los que todos los poderes, estatales y autonómicos, están legitimados democráticamente, sólo puede operar como 'un' sistema, si se actúa de buena fe y se interiorizan cuáles son los límites, no sólo los normativos sino también los no escritos, que a veces son todavía más importantes, en el ejercicio de las propias competencias.

Por eso no se entiende muy bien que en la misma semana en que el presidente del Gobierno hace ese llamamiento explícito a la lealtad constitucional de todos los parlamentos y gobiernos de las comunidades autónomas, se hayan interpuesto determinados recursos ante los tribunales de justicia contra el convenio de la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura para que desde esta última comunidad se pudiera acceder a la programación televisiva andaluza y se haya puesto en marcha en el Senado el mecanismo para vetar dicho convenio.

No es fácil encontrar un ejemplo mayor de deslealtad en el ejercicio de las propias competencias que éste. La lealtad federal exige que el Gobierno central sea territorialmente neutral en el ejercicio de sus competencias. El Gobierno de la nación no puede ejercer la misma competencia de manera diferente respecto de las distintas unidades territoriales que integran el Estado español. Si no se ha puesto ningún reparo a los convenios por los que se puede acceder a la programación de la televisión catalana desde las Islas Baleares, o a la programación de la televisión de la comunidad de Madrid desde las dos Castillas o a la programación de la televisión vasca desde Navarra, no se puede poner ningún reparo al convenio por el que se pretende que los extremeños puedan acceder a la televisión andaluza. La imparcialidad territorial del Gobierno de la nación es un componente inexcusable de la lealtad constitucional-federal. Cada una de las comunidades autónomas tiene derecho a recibir del Gobierno de la nación el mismo tratamiento que han recibido las demás en circunstancias sustancialmente idénticas. La neutralidad territorial no es más que la forma de manifestación en la estructura del Estado del principio de igualdad en el que descansa la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Si se rompe este principio de neutralidad territorial por parte del Gobierno de la nación,se vulnera el principio de igualdad y a partir de ese momento es imposible exigir lealtad a los gobiernos autonómicos. No se puede ser arbitrario en el ejercicio del poder propio y pretender que los demás sean leales en el ejercicio del suyo.

No se entiende, por los demás, qué espera obtener el Gobierno y el PP con esta manera de proceder. Por el momento lo único que ha conseguido es que buena parte de las comunidades autónomas y en particular aquellas en las que están en el gobierno partidos nacionalistas hayan anunciado que no van a poner de ahora en adelante en conocimiento del Gobierno de la nación los convenios que suscriban con otras comunidades autónomas. Lo que no debería haber dado lugar a ningún tipo de enfrentamiento, no sólo ha generado uno entre el Gobierno de la nación y dos comunidades autónomas, sino que puede acabar generando muchos otros en el futuro y está fomentando, en todo caso, desde ya un debilitamiento de la lealtad federal.

Pero no es solamente desde la perspectiva constitucional desde la que la decisión de impugnar y vetar el convenio entre Andalucía y Extremadura es un disparate, sino que lo es además desde una perspectiva política. Desde 1996 el PP en Andalucía viene reprochando al presidente de la Junta que haya abandonado la acción de gobierno y se haya dedicado exclusivamente a poner en práctica una política de confrontación con el Gobierno de la nación. ¿No ha advertido nadie en el PP que, al actuar de la forma en que lo ha hecho esta semana, es el Gobierno de la nación el que se confronta con el de la Junta de Andalucía y no a la inversa? ¿Nadie se ha dado cuenta que esa manera de proceder es una manifestación de impotencia del PP en Andalucía y Extremadura, que solamente puede tener una valoración negativa en las próximas elecciones autonómicas?