Garzón recibe finalmente el informe del lino a través del fiscal anticorrupción

La mayoría parlamentaria del PP en la Mesa del Congreso se amparó en el artículo 76 de la Constitución para argumentar que las conclusiones de la comisión de investigación que en 1999 analizó el caso del lino [fraude mutimillonario en las ayudas concedidas por la UE] sólo podían, en su caso, enviarse a la Fiscalía y nunca al juez. Ese artículo destaca que los resultados de las comisiones de investigación 'no serán vinculantes' para los tribunales de Justicia 'sin perjuicio' de que los resultados de las mismas sean comunicados a la Fiscalía 'cuando proceda'. Esta decisión desató las iras de PSOE e IU, quienes consideraron que, 'una vez más', el PP intentaba 'dificultar' la investigación sobre el fraude del lino.

Con ese telón de fondo, el diputado de Izquierda Unida José Luis Centella llegó a declarar que él mismo estaba dispuesto a solicitar esa documentación a la Cámara para remitírsela a Garzón.

Ante la actitud del PP, el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, advirtió de que su grupo estaba dispuesto a 'recurrir hasta el Tribunal Constitucional si fuera preciso' para que el juez recibiera la información por él solicitada. Caldera argumentó que la Mesa había obviado 'el deber de colaboración con los órganos jurisdiccionales recogido en la Constitución'.

El escándalo político llevó al portavoz parlamentario del PP en la comisión del caso lino, Jaime Ignacio del Burgo, a defender, en contra del criterio mantenido por su propio partido, que se entregara cuanto antes al juez la documentación requerida 'para evitar dar la apariencia de que se ocultaalgo, cuando no hay nada que ocultar'.

Finalmente, la documentación ya está en manos del juez, aunque haya tenido que ser por un conducto poco habitual. En las conclusiones de esa comisión de investigación, aprobadas con los votos del PP, CiU y CC, y con la más radical oposición de los grupos de la izquierda de la Cámara, se exculpa de responsabilidad a la entonces ministra de Agricultura y ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio. En esas mismas conclusiones se decía que no hubo ni una trama organizada ni uso de información privilegiada por parte de altos cargos de la Administración. Se añadía que la entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, propició en la Unión Europea las reformas legales necesarias para evitar la especulación en las ayudas al lino. Y se subrayaba que la participación en esa actividad por parte de familiares de altos cargos del Ministerio de Agricultura era algo absolutamente legítimo. Pero aquellas conclusiones tuvieron un respaldo eminentemente político que ahora Garzón quiere contrastar.

El debate político, en todo caso, continúa. El PSOE presentó ayer mismo en el registro del Congreso de los Diputados cuatro preguntas dirigidas al Gobierno y una petición para que éste le remita un informe.

Trama organizada

La primera pregunta, implícitamente, sugiere al Ejecutivo que se desdiga de las conclusiones de la comisión de investigación de 1999 a la vista de las nuevas investigaciones judiciales sobre este caso. El PSOE pregunta si el Gobierno 'sigue manteniendo que no existió una trama en la que estuvieron implicados cargos del Ministerio de Agricultura en relación con el sistema de ayudas al lino'.

Las otras tres preguntas dan pistas de por qué, en opinión del PSOE, el Gobierno debería cambiar su conclusión sobre este caso. Los socialistas se interesan por la 'frustración como consecuencia de un incendio' de una investigación de la Oficina Antifraude comunitaria Olaf en una transformadora de lino en Portugal. Resulta que sólo el FEGA (Fondo Europeo de Garantía Agraria) conocía que se iba a hacer esa inspección y resultó frustrada. Los socialistas preguntan si el Gobierno sabe quién pudo causar tal frustración. Las discrepancias entre los informes internos del FEGA y la información oficial son el argumento de la tercera pregunta. Por último, el PSOE, a través de su diputado Máximo Díaz-Cano, pregunta al Gobierno si conocía que las 'indicaciones' que una funcionaria recibió para 'ajustar' su testimonio judicial a los intereses de una determinada sociedad implicada en el caso. Junto a estas preguntas, el PSOE reclama al Ejecutivo que le entregue 'todos los informes realizados por funcionarios del FEGA' respecto a las 'ayudas del lino en España'.