Interior garantiza a UPN un plan de seguridad para sus cargos públicos
Se financiará con dinero público
El Ministerio del Interior y la Unión del Pueblo Navarro (UPN) alcanzaron ayer un acuerdo para poner en marcha un plan integral de seguridad para los cargos públicos de este y otros partidos amenazados por ETA. En el plan participarán tanto miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado como de empresas privadas de seguridad. La financiación correrá íntegramente a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
El acuerdo se alcanzó tras una reunión celebrada en Madrid entre el secretario de Estado de Seguridad, Pedro Morenés, y el dirigente y senador de UPN Jaime Ignacio del Burgo. Las medidas de seguridad, de aplicación inmediata, serán variables. En unos casos con escolta permanente, y en otros, con medidas de contravigilancia, y con características similares al plan diseñado hace unos meses para cargos públicos populares y socialistas en el País Vasco, según fuentes del ministerio. Tras el asesinato del concejal socialista de Lasarte (Guipúzcoa) Froilan Elespe, el pasado marzo, el Gobierno acordó con los cargos públicos del PP y PSOE de Euskadi un plan integral de seguridad para todos ellos. El costo de las medidas corría a cargo al 50% entre el Gobierno central y el vasco.
Sin embargo, el plan de seguridad para los cargos públicos navarros correrá sólo a cargo del Estado. El Gobierno navarro, en contraste con el vasco, no pondrá una peseta por no disponer de competencias en materia de seguridad, en contraste con Euskadi.
Unión del Pueblo Navarro cuenta, en estos momentos, con unos 50 cargos públicos de alto rango -parlamentarios forales, diputados y senadores-, unos 420 concejales, de los cuales unos 60 son independientes. Algunos de estos cargos públicos ya disponían con antelación de medidas de seguridad.
El plan de escoltas para los cargos públicos navarros se ha acelerado tras el asesinato, el pasado sábado, de José Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza (Navarra). Ese día, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, se reunió con cargos públicos navarros para poner en marcha el plan.
No obstante, desde junio ya existían contactos entre el Ministerio del Interior y los dirigentes políticos navarros. La causa fue el anuncio de ETA, a través de una entrevista en el diario Gara, de una ofensiva en este territorio, cuya incorporación a Euskadi reivindica la banda terrorista en desafío al PNV. Los etarras entrevistados denunciaban entonces que el PNV había renunciado a la reclamación de la integridad territorial de Euskadi. La preocupación se extendió, sobre todo, en las localidades próximas a Guipúzcoa, con fuerte implantación del euskera, como Leitza o Elizondo.
Tanto el Gobierno como los partidos interpretaron esta entrevista en Gara como el anuncio de una ofensiva de ETA en Navarra. Antes del atentado del sábado pasado en Letza, la banda asesinó a un cargo público electo en Navarra en junio de 1998, antes de la tregua. La víctima fue el concejal de Pamplona Tomás Caballero. En agosto del año pasado ETA asesinó a un militar, el subteniente Francisco Casanova.
En la época de la tregua, el entorno de etarra mantuvo la violencia callejera y los atentados a domicilios de cargos públicos en la Comunidad Foral. Los cargos públicos de los zonas euskaldunes navarras reforzaron también en este tiempo sus medidas de seguridad. Según fuentes de Interior, habían participaron en cursillos de autoprotección personal y algunos dispusieron de medidas de contravigilancia. Las mismas fuentes aseguran que los concejales de Leitza estaban en esa situación y el mismo José Javier Múgica adoptaba medidas de seguridad.
