El Ivima buscará casa a casa unos 15.000 pisos revendidos ilegalmente

La Consejería de Obras Públicas quiere poner punto final a la ocupación y venta ilegal de pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Los técnicos regionales calculan que, de las 85.000 viviendas que son propiedad del Ivima, alrededor de 15.000 están ocupadas por moradores distintos de sus adjudicatarios originales. El gerente de este organismo público, Juan José Franch, reconoce que sólo hay manera de comprobar qué casas han sido ocupadas legalmente y cuáles no: visitar a sus ocupantes uno a uno.

Para lograrlo, 120 inspectores regionales (80 funcionarios y 40 personas más contratadas al efecto) visitarán las viviendas. Cuando descubran que los residentes son diferentes de los adjudicatarios, les propondrán dos alternativas: que compren la casa o que paguen un alquiler.

El precio al que la Comunidad está dispuesta a vender los inmuebles es, aproximadamente, el del 50% del valor de mercado. Si los ocupantes no pueden afrontar este gasto tendrán la posibilidad de alquilar la vivienda. Deberán pagar anualmente el 6% del valor del piso, si bien las personas cuyos ingresos no superen las 2,5 veces el salario mínimo interprofesional podrán acogerse a notables reducciones en el arrendamiento.

Los moradores que no acepten ninguna de estas propuestas de la Comunidad serán expulsados de los pisos, al igual que aquellos que no demuestren haberlos ocupado antes del 1 de octubre de 2000.

A principios de año, la Comunidad abrió un periodo para legalizar las 15.000 viviendas fraudulentas. Por el momento, sólo 3.000 de sus moradores se han interesado por este proceso. La consejería teme que algunos de éstos sean incluso antiguos adjudicatarios que intenten ahora recuperar lo que vendieron.